Redacción
Ciudad de México. 29 de junio de 2017.- A tres años de ocurridas las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército Mexicano en agravio de 22 presuntos integrantes del crimen organizado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) documentó que existieron alteraciones en torno a 19 cuerpos de un total de 22 que resultaron abatidos el 30 de junio de 2014.
A través de la defensa jurídica de Clara Gómez, sobreviviente del enfrentamiento entre militares y presuntos criminales, se contrastaron imágenes del expediente militar 338/2014, con las fotografías contenidas en la investigación integrada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de cuyas acciones se desprende que las primeras no forman parte del expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).
“La propia defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se encuentran en el expediente de CNDH”, afirmó la organización defensora de los derechos humanos.
Derivado de esa falta de información, el colectivo Seguridad sin Guerra advirtió que es una de las múltiples formas que toma el encubrimiento de graves violaciones a los derechos humanos, especialmente las cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas en el marco de la llamada ‘Guerra contra el narcotráfico’.
Las organizaciones defensoras insisten en que la PGR no ha investigado la cadena de mando que ordenó abatir a delincuentes, lo que derivó en ejecuciones extrajudiciales. Hasta el momento, sólo ha declarado el teniente coronel de Infantería, Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es un «machote» y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones.
“La falta de justicia a tres años de un hecho tan emblemático como la masacre de Tlatlaya es un anuncio de lo que podría incentivarse si las y los legisladores aprueban la Ley de Seguridad Interior, y es un llamado de atención hacia las fallas estructurales en la procuración e impartición de justicia en México, especialmente cuando están involucrados servidores públicos en la comisión de graves delitos”, acusó el colectivo.
