Redacción
Distrito Federal. 5 de octubre de 2015.- Un juez federal ordenó liberar a cuatro integrantes del Ejército Mexicano acusados de haber participado en la matanza de 22 presuntos criminales en Tlatlaya, Estado de México, registrada el 30 de junio de 2014, por considerar que la PGR no ofreció evidencias de que incurrieran en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El juez décimo cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del DF, Rubén Darío Noguera Gregoire, dictó la libertad a los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López y Ezequiel Rodríguez Martínez, quienes participaron en el operativo del mes de junio de 2014 en Tlatlaya, y que inicialmente se informó había sido un enfrentamiento, pero cuyos peritajes determinaron que existieron ejecuciones extrajudiciales en agravio de al menos ocho personas.
Inicialmente, la Procuraduría General de la República había consignado a los militares del 102 Batallón de Infantería por el delito de ejercicio indebido del servicio público, a quienes la autoridad jurisdiccional dictó este lunes la libertad, cuyo delito además no es considerado grave.
La defensa jurídica de los militares explicó al diario Reforma, que “este asunto contra los militares se consignó cuatro veces y hasta la quinta vez se libraron las aprehensiones, porque la supuesta ejecución fue un invento de dos mujeres sobrevivientes, las usaron como testigos de cargo, pero ambas con declaraciones tan contradictorias que se vuelven inverosímiles», advirtió.
No obstante, los militares permanecerán encarcelados en la Prisión del Campo Militar Número 1, en tanto que enfrentan otro proceso en el Juzgado Sexto Militar por desobediencia e infracción de deberes, previstos en los artículos 301 y 382 del Código de Justicia castrense.
Los delitos imputados en el fuero militar tampoco son de gravedad y por tanto los cuatro elementos de las fuerzas castrenses están en posibilidades de que les fijen una garantía, para cubrirla con una fianza y salir en libertad provisional
Juan Velázquez, abogado de los militares, añadió que la versión de los testigos se contrapone a los hechos, pues si dicen que “los militares hicieron una matanza, no se entiende cómo los militares dejan sobrevivientes para que luego ellas los acusen, es una invención y por ese motivo se está empezando a desmoronar el caso, por resoluciones, no de los militares, sino del Poder Judicial de la Federación, por eso auguro la libertad de todos”.
En la misma causa penal, el juez federal Rubén Darío Noguera volvió a dictar la formal prisión a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides por homicidio calificado, abuso de autoridad y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.
En este caso, Quintero, Acevedo y Hernández, son los únicos militares que ingresaron a la bodega donde estaban los supuestos narcotraficantes. Ellos han sido acusados por la PGR del asesinato de sólo 8 de los 22 fallecidos en Tlatlaya, mientras que las demás muertes son consideradas por las autoridades como personas que murieron durante el tiroteo inicial.
De acuerdo al diario Reforma, el fallo del juez fue dictado luego de que el Cuarto Tribunal Unitario Penal de Toluca ordenara reponer el procedimiento, al estimar que la primera vez que fueron procesados no se respetó el derecho de defensa de los soldados durante la declaración preparatoria.
