Redacción

Toluca, Edomex. 20 de noviembre del 2024.- La auditora superior de Fiscalización, Miroslava Carrillo Martínez detalló este miércoles el informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2023, la última correspondiente al gobierno de Alfredo del Mazo. Ahí apuntó que de las 884 observaciones que se realizaron a dependencias estatales, organismos descentralizados y organismos autónomos sobre el manejo de los recursos,  la mayoría están relacionadas con la falta de comprobación del gasto; inconsistencias en los procedimientos adquisitivos, asignaciones indebidas de contratos y pagos por obras no ejecutadas.

Ante diputados integrantes de la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, Miroslava Carrillo destacó que en las auditorias que se practicaron a los programas sociales, se pudo establecer que las autoridades que los operaron no contaban con documentación que comprobara que efectivamente los apoyos fueron recibidos por los beneficiarios.

Informó que de las 884 observaciones realizadas en el ámbito estatal, 387 se derivan de las auditorias de cumplimiento financiero, siendo las más recurrentes inconsistencias en los procedimientos adquisitivos, como la falta de estudios de mercado o asignaciones indebidas,  y de falta de comprobación y justificación del gasto.

Los entes públicos con mayor número de observaciones fueron la Coordinación General de Comunicación Social, el Poder Judicial del Estado de México, y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango.

De las 143 observaciones que se derivaron de  las auditorías de inversión física, la mayoría son por inconsistencias en los expedientes técnicos de los programas y proyectos de inversión, la falta de procesos de licitación y hasta  simulación del ejercicio de los recursos y pagos por obras no ejecutadas, Las entidades con mayor número de observaciones por estos motivos fueron la Comisión del Agua del Estado de México, la Junta de Caminos del Estado de México, el Fideicomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales (Fidepar).

Respecto de las auditorías de legalidad, se identificaron omisiones en el registro y control de bienes muebles e inmuebles, falta de actualización de inventarios y carencia del soporte documental de los expedientes para la baja de los bienes. También se detectaron irregularidades  en asignación y pago de las remuneraciones a las personas servidoras públicas, principalmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y en la Universidad Autónoma del Estado de México.