Redacción.
Toluca, Edoméx, a 12 de septiembre del 2017. – Los implicados en el desfalco de 16 millones de pesos a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez y Enrique Fichtl Becerra, fueron puestos en libertad tras el pago de una fianza determinada por el juez de proceso, quien resolvió que podían enfrentar su proceso en libertad.
Hugo del Pozzo, fue acusado por la UAEM por la presunta malversación de 16 millones de pesos cuando ocupaba el cargo de Apoderado Legal y Director de Recursos Financieros de la institución, por lo que en febrero pasado se inició un juicio en su contra luego de ser detenido, en conjunto con Enrique Fichtl Becerra, quien se desempeñaba como Director de Tecnologías de la Información, en la máxima casa de estudios mexiquense.
La liberación de ambas personas se presentó luego de que interpusieran un amparo para poder acceder al beneficio de caución, el cual le otorgó la justicia federal.
Fue el pasado 20 de agosto cuando Enrique Fichtl Becerra dejó el penal de Almoloya de Juárez, donde se encontraba recluido desde principios de 2017; posteriormente Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez pudo acceder al mismo beneficio de ley, siendo excarcelado días después de emitido el fallo.
Ambos sujetos fueron relacionados a proceso penal en abril pasado cuando Jueza de control de la sala 11 de Juicios Orales con sede en el Distrito Judicial de Toluca, encontró elementos que demostraban su presunta participación en el delito de Peculado en Agravio de la Administración Pública, por lo que se inició el proceso en su contra.
Los delitos que se les imputan se encuentran relacionados con el desvío de al menos 16 millones de pesos por un contrato firmado en febrero de 2013, donde la UAEM se comprometió al desarrollo de software y aplicaciones digitales para la administración pública de Oaxaca, contrato que se incumplió y por el cual no se restituyó la cantidad pagada por el gobierno oaxaqueño.
Por su parte el gobierno del estado de Oaxaca inició una querella contra la máxima casa de estudios mexiquense por un monto de cien millones de pesos, proceso que fue adverso para la universidad por lo que recurrieron al proceso de apelación, el cual se encuentra en desarrollo.
