Israel Dávila
Toluca, Edomex. 6 de mayo del 2021.- El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) concedió el registro como candidatos a presidentes municipales a tres personajes sobre los que pesan señalamientos que los ubican como agresores de mujeres y deudores alimentarios, –lo que en teoría los haría inelegibles para participar en los comicios–.
Una de las afectadas ya impugnó el registro de uno de ellos, pues el candidato fue sentenciado en 2018 por violencia familiar y lesiones en 2018 y hace unos meses , un juzgado civil le obligó a pagar más de 128 mil pesos por concepto de pensión alimentaria de su hija que no había cubierto desde 2017.
La consejera electoral, Karina Vaquera Montoya, explicó que en el reglamento de candidaturas se fijó como requisito a cada uno de los aspirantes entregar una declaración bajo protesta de decir verdad que no son ni agresores ni deudores alimentarios. Este requisito era indispensable para obtener el registro como candidato y para que alcanzar el estatus de abanderado lo tuvieron que presentar.
Aurora Guadalupe Ortiz Quiroz, quien fuera esposa de Victorino Sánchez Samaniego, hoy candidato a la presidencia municipal de Tianguistenco por la alianza Morena-PT- Nueva Alianza, impugnó el acuerdo del IEEM que le concedió la calidad de candidato.
Ella exige que le sea cancelado el registro como abanderado de la coalición, con base en las reformas a la Ley Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México y al Código Electoral.
Aurora Guadalupe reclamó que Victorino Sánchez no puede ser candidato pues la ley se lo impide, ya que está reconocido legalmente como deudor alimentario y agresor de mujeres. En 2018, un juzgado del distrito judicial de Tenango lo encontró responsable del delito de violencia familiar y lesiones, en agravio de su esposa e hija. En tanto, el 11 de marzo pasado, el juzgado segundo civil de primera instancia resolvió el incidente de liquidación de pensión alimenticia que promovió Aurora Guadalupe Quiroz, , en representación de su hija, KM Sánchez Ortiz en contra de Victorino Sánchez dentro del expediente 913/2016.
Aurora Guadalupe Quiroz reclamó el pago de 195 mil 323 pesos por concepto de pensión alimentaria en favor de su hija KM Sánchez Ortiz, pues desde 2017 Victorino no había cubierto la pensión alimentaria de la niña que mensualmente se había convenido de 4 mil pesos, la cual se incrementaría de acuerdo al aumento del salario mínimo.
El juez que conoció de este incidente de liquidación de pensión alimenticia declaró procedente el recurso y ordenó a Victorino Sánchez a cubrir la cantidad de 128 mil 182 pesos, de los 195 mil que reclamó Aurora Quiroz.
La consejera Karina Vaquera señaló que el IEEM no tiene conocimiento de las sentencias, pero en este o cualquier otro caso donde se tenga una resolución firme en contra de un abanderado por violencia política en razón de género, delitos de orden sexual o de deudor alimentario, la hagan llegar al Instituto para que se analice el caso y, de ser procedente, se cancele el registro.
No es el único caso
Otro de los casos controversiales es el del candidato del PRI a la presidencia municipal de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez García, sobre quien pesan señalamientos de incumplimiento de pago de pensión alimentaria de tres menores de 11, 12 y 16 años, y que pesar de las denuncias existentes, las instancias correspondientes dicen que no proceden por ser incumplimientos parciales.
La consejera electoral dijo que sin sentencia o resolución firme el IEEM no puede actuar para retirar la candidatura.
También está el caso del presidente municipal con licencia de Xonacatlán, Serafín Gutiérrez, quien hace unas semanas fue sentenciado por el Tribunal Electoral del Estado de México por violencia política de género en agravio de la cuarta regidora de ese ayuntamiento, quien inició un proceso especial sancionador, pues el alcalde, hoy candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Xonacatlán, tomó medidas en su contra para obstaculizarle su desempeño como regidora.
El director de quejas y denuncias del IEEM, explicó que en el caso de Serafín Gutiérrez , la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México aun no está firme, pues éste apeló la resolución y ahora será la Sala Regional Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o la Sala Superior de ese Tribunal, quien dicte la última palabra.
“Sin particularizar en alguno de estos casos. De existir una sentencia ejecutoriada, una sentencia firme, donde ya no puede haber otro recurso que pueda interponerse y hable de alguien que ha sido condenado por violencia política de género o por ser un deudor alimentario, por supuesto que tendremos que hacer la revisión y si encuadra en la hipótesis normativa, pues por supuesto que deberá de dejar de ser candidato, pero debemos tener los elementos”, recalcó la consejera.
