Redacción
Toluca, Edomex; 30 de septiembre de 2026.- El Congreso del Estado de México aprobó, por mayoría de votos y en su calidad de constituyente permanente, la reforma constitucional que establece como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no contar con otra nacionalidad o, en su caso, renunciar a ella antes de solicitar el registro como candidatura.
La minuta, enviada por el Senado de la República y presentada ante el pleno mexiquense por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas, de Morena, forma parte de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer la nacionalidad mexicana como única condición de nacionalidad para quienes ejerzan la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales. El Senado la aprobó el 29 de septiembre y corresponde ahora a los congresos estatales pronunciarse sobre ella.
La modificación también establece que, durante el ejercicio del cargo, la persona titular del Ejecutivo no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
Entre las conductas expresamente contempladas se encuentran utilizar un pasaporte o documento de identidad expedido por otro Estado, ejercer derechos políticos inherentes a una ciudadanía extranjera o acogerse a la protección diplomática de otro país.
El debate en el Congreso mexiquense dividió posiciones. Los morenistas Octavio Martínez Vargas y Maurilio Hernández, así como el coordinador parlamentario del PT, Oscar González Yáñez, defendieron la reforma con el argumento de que busca reforzar la soberanía nacional.
Martínez Vargas sostuvo que la medida no impide que mexicanos que viven en Estados Unidos participen en política, pero planteó que quienes aspiren a gobernar deberán renunciar previamente a la doble nacionalidad.
El legislador vinculó la discusión con la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón y con los principios de independencia contenidos en los “Sentimientos de la Nación”.
Maurilio Hernández, por su parte, afirmó que la reforma pretende «blindar» la soberanía y las instituciones nacionales. En su intervención cuestionó que expresidentes mexicanos, aun sin contar con doble nacionalidad, hayan tomado decisiones que, desde su perspectiva, afectaron los intereses del país.
González Yáñez llevó la discusión al terreno de la relación México-Estados Unidos y sostuvo que la reforma representa un mensaje hacia el gobierno estadounidense. También llamó a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía nacional.
En contraste, las diputadas María Mercedes Colín Guadarrama, del PRI, y Maricela Beltrán Sánchez y Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, votaron en contra al considerar que la reforma introduce una restricción a los derechos político-electorales de ciudadanos mexicanos.
Colín Guadarrama sostuvo que la nacionalidad constituye una condición jurídica, mientras que la lealtad hacia un país corresponde a una conducta. Señaló además que México cuenta con millones de personas con doble nacionalidad y que una parte importante de la población mexiquense mantiene vínculos migratorios con Estados Unidos.
La legisladora afirmó que el Estado de México ocupa uno de los primeros lugares del país en expulsión de población hacia Estados Unidos y estimó en alrededor de 1.2 millones los mexiquenses que residen en ese país, por lo que cuestionó que se reconozca su aportación económica mientras se restringen sus posibilidades de participación política.
Beltrán Sánchez advirtió que una Constitución no debería partir de una presunción de deslealtad por el hecho de contar con dos nacionalidades. También cuestionó que la renuncia a una ciudadanía extranjera pueda requerir un procedimiento ante autoridades de otro país y, con ello, condicionar el registro de una candidatura a un trámite externo.
Salinas Reyes consideró que la reforma representa una restricción general de derechos políticos sustentada, a su juicio, en argumentos que desvían la discusión de otros problemas nacionales.
La reforma aprobada por el Congreso mexiquense deberá integrarse al proceso de aprobación constitucional que requiere el respaldo de una mayoría de las legislaturas estatales. El debate nacional ha colocado en el centro la relación entre soberanía, nacionalidad y derechos políticos de la población mexicana residente en el extranjero.
