Redacción
Toluca, Edomex, 26 de marzo del 2025.- El pleno del Congreso mexiquense avaló las iniciativas turnadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y diputados del Partido Verde, quienes plantearon reformar el Código Penal estatal para elevar hasta 25 años la pena de prisión por la explotación y degradación de los recursos forestales, comúnmente llamada tala clandestina.
Los integrantes de la LXII Legislatura estatal aprobaron, de forma unánime, la reforma al artículo 9 del Código Penal y modificaciones y adiciones a las fracciones I , IV y V del artículo 229 del mismo ordenamiento.
Actualmente la tala ilegal se castigaba con penas de hasta seis años de prisión, pero con estas modificaciones se podrán sancionar con penas de 15 a 25 años de prisión y multas de hasta 3 mil 500 días, además de que con agravantes y acumulación de sanciones se podría llegar hasta los 110 años de prisión.
La diputada Vanesa Linares (PVEM) enfatizó que no sólo se trata de agravar esta sanción, sino de ampliar la protección de personas adultas mayores obligadas a participar en esta actividad.
La legisladora destacó la relevancia de ampliar esta protección a zonas y áreas naturales con el aumento de supuestos relacionados con la tala, para que los jueces y juezas tengan más elementos para dictar sentencias condenatorias a quienes talan de manera ilegal los bosques e, incluso, se abra la posibilidad de dictar sentencias hasta de 100 años de prisión con la acumulación de agravantes.
En tribuna, la diputada Linares, hija del ex alcalde de Ocuilan, quien fue un férreo defensor de los bosques y quien sufriera un par de atentados de talamontes, manifestó que en los últimos años, por esta práctica se han perdido más de 126 mil hectáreas forestales por la tala y recalcó que los delitos ambientales también han reportado una alza en el lustro reciente.
La diputada del PRI, Leticia Mejía también subió a tribuna a pedir que se dictamine una iniciativa que propuso desde octubre pasado para que el Congreso mexiquense solicite de manera formal al Congreso de la Unión reforme el marco jurídico para que las entidades federativas tengan mayores facultades para poder enfrentar y combatir la tala clandestina.
