Redacción
Almoloya de Juárez, Edomex. 29 de septiembre.- Una juez de control de Toluca, con sede en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, negó al presidente municipal con licencia de Naucalpan, David Sánchez Guevara, levantar la medida cautelar de prisión preventiva que le dictó el pasado domingo producto de la segunda imputación que pesa en su contra por el delito de peculado.
Con ello, el también diputado federal electo del PRI por el distrito 24 del estado de México permanecerá encarcelado en la prisión de alta seguridad de Tepachico, ubicada en el municipio de Otumba donde se le trasladó luego de que se detectara que había sobornado a personal del penal estatal de Santiaguito para obtener “algunas consideraciones” dentro del centro penitenciario.
Sánchez Guevara pidió el domingo pasado se le conceda libertad bajo fianza, con el argumento de que no evadirá la justicia , de que existen antecedentes de su buen comportamiento y reconocimiento de la ciudadanía.
La juez permitió que la defensa presentara algunos testigos para que intercedieran por el alcalde, pero como la inmensa mayoría de los que se presentaron en la audiencia fueron colaboradores del edil (incondicionales), el ministerio público pidió que se desecharan.
El ministerio público recordó que existe indicios de que Sánchez Guevara ha vertido, a través de terceros, amenazas a la actual presidenta municipal de Naucalpan Claudia Oyoque, con la finalidad de que no proporcione información a la Procuraduría sobre su gestión al frente del municipio.
La juez también recordó que su comportamiento tampoco ha sido el adecuado, sobre todo porque ha pretendido bloquear la investigación que se abrió a su administración y porque existe otra investigación abierta ya judicializada, que le impide concederle la libertad.
En los próximos días, la juez resolverá si vincula o no a proceso a Sánchez Guevara por el delito de peculado, pues ahora se le acusa de haber pagado 9.1 millones de pesos para la compra de uniformes para los trabajadores sindicalizados de Naucalpan, pero no existe registro de que estos hayan sido entregados al municipio.
En la otra causa penal, también por peculado, por haber pagado 408 mil pesos a una constructora por una obra que nunca se ejecutó, se tiene programada una audiencia el 8 de octubre para dar por concluida la investigación e iniciar formalmente el juicio oral.
