Redacción
Toluca, Edomex, 16 de diciembre de 2025.- La Autoridad Judicial dictó una sentencia de 70 años de prisión en contra de María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, luego de acreditar su participación en el delito de homicidio calificado en agravio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer Guillermo Gerónimo Roque, registrados el 25 de enero de 2023.
De acuerdo con la investigación ministerial, las víctimas fueron enviadas por la entonces alcaldesa a una zona de alto riesgo, dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.
El Agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, que privaran de la vida al síndico municipal con el propósito de mantener el control de las decisiones al interior de la administración municipal.
Las pesquisas establecieron que la entonces presidenta municipal, sostuvo una llamada telefónica con un integrante de un grupo criminal con orígenes en Michoacán, a quien le solicitó privar de la vida al entonces síndico municipal con el fin de “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.
El día 26 de enero, del 2023, fueron hallados los cuerpos de ambas víctimas al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec – Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla perteneciente al municipio de Zacazonapan.
La Fiscalía también determinó que María Elena Martínez Robles participó en diversas reuniones con integrantes de una célula criminal con orígenes en Michoacán, con el fin de coordinar la forma de trabajar con la administración municipal.
Con los datos de prueba aportados por esta Fiscalía, la Autoridad Judicial determinó la culpabilidad de María Elena Martínez Robles en este ilícito, por lo que la sentenció a 70 años de prisión, al pago de una multa como reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, además de que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
Esta es la onceava sentencia condenatoria, obtenida en contra de los 16 objetivos prioritarios dentro de la Operación “Enjambre”, y que hasta el momento suma 60 presuntos responsables detenidos.
