Redacción
Almoloya de Juárez,
Edomex, 12 de marzo del 2024.- Cuatro exfuncionarios del gobierno del Estado de
México y tres directivos y exdirectivos de la empresa Aleática, antes OHL México, comparecieron este martes
ante un juez del centro de justicia del penal federal del Altiplano, donde
escucharon la imputación que les formuló la Fiscalía General de la República
por su presunta responsabilidad en los delitos de explotación ilegal de un bien
público y asociación delictuosa, derivado de que durante años esta empresa ha
operado y explotado la vialidad Viaducto
Elevado Bicentenario, amparado «en una concesión ilegal» expedida por
el gobierno mexiquense.
Esta causa tiene su
antecedente en la lucha jurídica emprendida desde hace más de diez años del
abogado Paulo Diez Gargari, quien ha sostenido que el Viaducto Elevado
Bicentenario, forma parte de la autopista México -Querétaro, de jurisdicción
federal, argumento que le fue validado el año pasado por un juez de amparo.
En su segundo citatorio
por la causa penal 372/2023, el exsecretario General de Gobierno, Ernesto
Nemer, el exsecretario de Movilidad mexiquense, Luis Gilberto Limón Chávez; así
como el exdirector del Aeropuertos, Autopistas y Servicios conexos en la
entidad, Alberto Tomás Angulo Lara y Jorge Joaquín González Becerril, exdirector
de la Junta de Caminos de la entidad, acudieron ante el juez para conocer de la
imputación que pesa en su contra.
Lo mismo ocurrió con los
exdirectores e OHL México, hoy Aleática, Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo
Monroy y el actual presidente del consejo directivo de esta empresa Rubén
Gerardo López Barrera, quienes son considerados coautores materiales de los
delitos antes mencionados.
La FGR señaló que
Aleática, ha operado y explotado la vialidad denominada Viaducto Elevado
Bicentenario, que corre en un segundo piso de la carretera México-Querétaro, en
su tramo de Naucalpan a Tepotzotlán, desde hace más de 15 años, amparado en una
concesión ilegal que expidió el gobierno mexiquense.
A decir de la Fiscalía,
el gobierno estatal no tenía ni tiene facultades para expedir una concesión
sobre un bien público de la nación, como lo es la autopista México-Querétaro,
pues esto solo compete a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal.
En 2008, el gobierno del
estado entregó un título de concesión a OHL para que construyera, operara,
conservara y explotara el segundo piso del Periférico Norte de Naucalpan a
Tepotzotlán, amparado en un presunto acuerdo de mayo de 1983, en el que
supuestamente la SCT federal le entregó al gobierno estatal la vialidad en
cuestión, sin embargo, durante la investigación que hizo la FGR, este documento
no obra ni en archivos del gobierno mexiquense ni de la SCT.
Sólo se encontró el acta
de entrega del ramal Ceylan-Vallejo, pero este, no corresponde al trayecto
donde se construyó el Viaducto Elevado Bicentenario.
En la indagatoria se
pudo conocer que la SCT solo le dio facultades al gobierno estatal en materia
de tránsito sobre el tramo que va del Toreo a Tepotzotlán, pero nunca le
facultó para entregar concesiones para la explotación de la vialidad.
En 2011, la propia SCT
le notificó al gobierno estatal que el tramo de Naucalpan a Tepotzotlán era de
jurisdicción federal y por ende era un bien público de la nación, lo que a
decir de la FGR, dejaba en claro que el gobierno estatal no podía concesionar
este tramo a ningún particular.
La Fiscalía indicó que
en octubre del 2020, el gobierno de Alfredo Del Mazo “trató maquillar de
legalidad” la concesión otorgada a OHL,
a través de un convenio de coordinación y colaboración de acciones con
la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, y el documento
fue firmado por el entonces secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer; el
secretario de Movilidad, Luis Limón; el director de Aeropuertos, Autopistas y
Servicios Conexos, Tomás Angulo Lara y
de Jorge Joaquín González Bezares, como director de la Junta de Caminos, lo que
les hizo incurrir en el delito hoy imputado por la FGR y en asociación
delictuosa.
Además, a González
Bezares se le imputa también el de usurpación de funciones, pues él había
renunciado al cargo de director de la junta de caminos estatal, el 30 de
septiembre, un día antes de la firma del documento.
La FGR solicitó al juez
que se les vinculara a proceso, y los defensores de los acusados pidieron que
hoy mismo se resolviera la situación jurídica de sus representados, más aún
cuando, el propio juez verbalizó en la audiencia que la formulación de
imputación hecha por el ministerio público había sido “deficiente”.
El juez decretó un
receso para escuchar los argumentos de la defensa sobre las imputaciones hechas
a sus clientes y hasta el momento no se tomaba ninguna determinación sobre los
acusados.
