Francisco Ledesma
Toluca, Edomex, 28 de octubre de 2026.- Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación de la Legislatura del Estado de México de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron por mayoría el dictamen de la iniciativa para expedir una nueva Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), con el respaldo de Morena y Movimiento Ciudadano, mientras que las bancadas del PRI y del PAN se abstuvieron y anticiparon que mantendrán esa posición durante la votación en el pleno legislativo.
Durante la discusión, los diputados defendieron los cambios propuestos al marco jurídico de la institución, que incluyen disposiciones sobre participación de la comunidad universitaria, transparencia, gratuidad de la educación superior y actualización de sus normas internas. Sin embargo, también se plantearon reservas sobre los alcances de los mecanismos de fiscalización y los mecanismos de sanción para casos específicos de los servidores universitarios.
En entrevista, el diputado de Morena, Rigoberto Vargas Cervantes, sostuvo que las modificaciones incorporadas al dictamen fueron principalmente de forma y que las propuestas de fondo permanecieron.
Sobre la elección de autoridades universitarias, señaló que se mantiene el voto ponderado y que corresponderá a la propia comunidad universitaria definir, mediante sus estatutos y normas internas, los mecanismos para instrumentar los cambios aprobados en la nueva ley.
Añadió que la Universidad todavía deberá construir y actualizar su normativa interna para adecuarla a las disposiciones que apruebe el Congreso, tanto en comisiones como, eventualmente, en el pleno.
En materia de gratuidad, Vargas Cervantes consideró que establecer plazos sin conocer con precisión la disponibilidad presupuestal sería irresponsable. Sostuvo que existe disposición del gobierno estatal, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, y del Poder Legislativo para fortalecer gradualmente los recursos destinados a la institución.
En su intervención, el diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas, destacó la necesidad de transparentar el uso de los recursos públicos universitarios y evitar casos de corrupción como los asociados a la llamada Estafa Maestra.
Entre los alcances del dictamen mencionó la realización de una consulta universitaria cada diez años para identificar posibles adecuaciones al marco normativo, así como una mayor vinculación de la UAEMex con los problemas sociales de la entidad mediante la colaboración con instituciones públicas e iniciativas privadas.
También planteó la necesidad de ampliar la cobertura educativa en el Valle de México, particularmente en la zona oriente, y fortalecer la representación de los espacios académicos foráneos dentro del Consejo Universitario.
Martínez Vargas reconoció que la gratuidad de la educación superior constituye uno de los principales objetivos de la reforma y sostuvo que su implementación deberá avanzar de manera progresiva.
La coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes, anunció el respaldo de su bancada al dictamen, aunque advirtió que la nueva ley debe representar un punto de partida para continuar con los cambios en la institución y no el cierre de la discusión.
Señaló que la UAEMex ha operado durante 34 años bajo una legislación expedida en 1992, que tuvo dos reformas sin modificar, según expuso, los mecanismos de elección de sus autoridades.
Salinas Reyes afirmó que la iniciativa recoge parte de las demandas planteadas por distintos sectores universitarios, entre ellas la participación de la comunidad en la elección de autoridades, el respeto al debido proceso y la incorporación de mecanismos alternativos para la solución de controversias, como la mediación y la conciliación.
No obstante, advirtió que el dictamen deja pendientes en materia de justicia universitaria, fiscalización y control interno. En particular, cuestionó que la ley no establezca reglas suficientes para la integración del Tribunal de Justicia Universitaria y deje esa definición al Consejo Universitario.
La legisladora presentó tres reservas relacionadas con que la responsabilidad administrativa quede limitada a personas servidoras públicas, sindicalizadas o electas que manejen recursos públicos, pues consideró que también debe abarcar conductas como el abuso de autoridad y las omisiones.
También planteó fortalecer las facultades de fiscalización del órgano interno de control, en lugar de limitarse a la revisión de recursos, e incluir los ingresos propios que genera la Universidad y que forman parte de su patrimonio.
La tercera proponía incorporar la obligación de dar vista al Ministerio Público cuando se detecten hechos que puedan constituir delitos.
Las tres reservas fueron desechadas por la mayoría de las comisiones legislativas.
Una vez aprobado el dictamen a la iniciativa de reforma a la Ley de la UAEMex se presentará este jueves ante el pleno legislativo para su respectiva discusión y aprobación.
