Redacción
Toluca, Edomex. 4 de mayo de 2015.- Las mujeres que resultaron vejadas sexualmente en los operativos policíacos ocurridos en San Salvador Atenco hace nueve años acusaron al gobierno del Estado de México de pretender “comprar” su dignidad a través de una indemnización, cuando lo que buscan es que haya castigo para los responsables de dichas denuncias, que incluya no sólo a los efectivos que emprendieron el dispositivo sino además a la cadena de mando institucional.
Al cumplirse nueve años de los disturbios de Atenco, tres de las 11 denunciantes encabezaron una conferencia de prensa, donde advirtieron que la reparación de los hechos en su contra no pasa por lo económico, sino por la verdad y la justicia.
En el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las víctimas confiaron además que en breve la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita pronto su informe final sobre este caso, el cual podría incluir recomendaciones en el sentido de que no sólo sean castigados los policías que participaron en los operativos, sino también la cadena de mando y autoridades institucionales.
En su oportunidad, el entonces gobernador del Estado de México y hoy presidente de la República, Enrique Peña Nieto, asumió públicamente haber mandatado el operativo, del cual diversas organizaciones internacionales y nacionales han acreditado violación a los derechos humanos.
Mientras tanto, en Toluca, el procurador general de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, insistió en que las once mujeres víctimas de tortura en los operativos de Atenco pueden acudir al Instituto estatal de Atención a Víctimas del Delito para pactar la indemnización que debe cubrir el gobierno mexiquense como parte de la reparación del daño ocasionado por el Estado.
“Hemos solicitado a la autoridad judicial que se notifique a estas mujeres para que se acerquen a la Procuraduría a través del Instituto de Atención a Víctimas y estemos en condiciones de cuantificar la indemnización correspondiente. Hago un llamado a ellas, si es que es su deseo”, subrayó.
Aclaró que el Estado de Mexicano, ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de violaciones a garantías individuales en el operativo policiaco de mayo del 2006, y ha manifestado su voluntad de avanzar en el cumplimiento de justicia.
Sin embargo, para Stephanie Brewer, abogada defensora de las víctimas del caso Atenco, expuso que el fondo económico es un intento del Estado mexicano por dilatar el informe de fondo de la CIDH.
También Bárbara Italia Méndez, joven agredida por los policías estatales, añadió que “no hay salida amistosa, nuestro interés no es el dinero, se trata de dignidad y de justicia. No nos detendremos hasta conseguirla”.
Edith Rosales, otra de las víctimas, consideró lamentable que por encima de buscar justicia, ahora se pretenda mediante la indemnización obstaculizar de nueva cuenta el proceso.
“El fideicomiso que intentan dar es una forma de dilación. Tratan de comprar nuestra dignidad, pagar por haber utilizad nuestro cuerpo como una forma de castigo. Con la reparación económica quieren terminar todo un proceso de lucha”.
El informe final de la CIDH se podría presentar en la próxima sesión en junio de este año, el cual incluirá recomendaciones para el Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales de las 11 mujeres víctimas de tortura sexual.
Posteriormente se daría a las autoridades un periodo para cumplir con los exhortos del organismo internacional, y en caso de que estos no sean cumplidos el caso podría llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Respecto de los procesos penales abiertos por el caso Atenco, el procurador de justicia mexiquense detalló que existen varias causas abiertas en contra de servidores públicos que incurrieron en conductas ilegales en los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Actualmente existen 22 personas sujetas a juicio: 10 médicos legistas de sistema penitenciario mexiquense, 11 más de la PGJEM y un ministerio público quienes enfrentan acusaciones por encubrimiento y de tortura equiparada, respectivamente.
Otro par de procesos penales en contra de policías que participaron en las detenciones, de los cuales uno específicamente involucra a un comandante encargado del traslado y otro que incluye a una veintena de efectivos de seguridad que participaron el traslado de detenidos de Atenco al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, pues en el trayecto habrían ocurrido los abusos contra mujeres detenidas.
Gómez Sánchez admitió que hasta el momento no ha sido posible determinar quién disparó las armas que provocaron la muerte de los jóvenes Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortés Santiago, en la reyerta del 3 de mayo de 2006.
El procurador aseguró que el gobierno mexiquense sigue trabajando para poder sancionar los abusos cometidos en Atenco, los cuales ya han sido reconocidos a nivel internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
