Redacción
Un nuevo elemento se incorporará al debate en la agenda de los presidenciables y será el manejo de recursos que hizo Enrique Peña Nieto durante su administración como gobernador del estado de México. Ayer, el gobierno mexiquense remitió a la Legislatura local, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2011, última de la gestión del ahora candidato presidencial priista, y la oposición se apresta a utilizar este documento, como una herramienta más de golpeteo político en contra del priísta.
El diputado panista, Carlos Madrazo Limón, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFEM) del Congreso mexiquense, señaló que hoy más que nunca, los mexicanos deben conocer la forma en que se ejercieron los recursos públicos en el estado de México, durante el mandato de Peña Nieto.
Fue el contador gubernamental, Marco Antonio Esquivel, el encargado de llevar los seis volúmenes que integran la Cuenta Pública 2011 para que los diputados, con apoyo del OSFEM, revisen la forma en cómo se ejercieron los recursos durante al año pasado.
En 2011, el gobierno mexiquense erogó 179 mil millones de pesos, es decir 30 mil millones más de lo autorizado por el Congreso local en el presupuesto de egresos. La diferencia entre lo ejercido y lo autorizado tiene su origen en los casi 20 mil millones de excedentes de recursos federales que llegaron a la entidad y a 10 mil millones que se obtuvieron por la eficiencia recaudatoria, según señaló el funcionario.
Con el documento en su poder, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) del Congreso tendrá tres meses y medio para revisar el gasto y emitir un informe a los diputados, quienes a su vez, emitirán un dictamen.
Durante este periodo de tres meses y medio, la Cuenta Pública será un documento de carácter reservado y no podrá hacerse público, sino hasta el 30 de septiembre fecha en que por ley, tendrá carácter de un documento de máxima publicidad.
El panista Carlos Madrazo Limón consideró que el análisis de esta Cuenta será complicado ya que el informe final del OSFEM se entregará a la nueva legislatura, que entra en funciones el 5 de septiembre, y muchos diputados desconocerán la información y los procedimientos y “esto podrá dar cabida a que la información se manipule para que no se conozca la verdad”.
El panista criticó que durante la actual legislatura se dio un paso atrás en materia de fiscalización, ya que ahora ya no se emite una calificación como se hacía en antaño, sino solo se emite un dictamen donde se dan cuenta del numero de observaciones que se hicieron al documento.
El panista no desaprovechó la ocasión para criticar al gobierno estatal, al afirmar que a un año de distancia, solo han solventado seis de las 397 observaciones que se hicieron a la Cuenta del 2009 por un monto de 30 mil 509 millones, lo que representa menos del dos por ciento.
Dijo además que a dos años de distancia, todavía quedan por solventar 8 observaciones de la Cuenta Pública del 2008.
Para evitar la opacidad, Madrazo anunció que la fracción panista contratará un despacho contable para que revise la Cuenta Pública de manera simultánea a la fiscalización que realice el OSFEM, y al final se puedan contrastar los informes.
Tanto PAN como PRD tienen especial atención en verificar los gastos en materia de seguridad pública, donde el propio contador gubernamental, Marco Antonio Esquivel, admitió la existencia de subejercicios, como ha ocurrido en los últimos años.
También se vigilará el ejercicio del gasto en materia de salud y educación, donde se han detectado inconsistencias en años pasados y adicionalmente se investigarán los recursos ejercidos en el programa de comunicación pública y difusión, que son los recursos que se entregan a los medios de comunicación para difusión de acciones del gobierno mexiquense.
En materia de deuda pública, los diputados del PAN y del PRD, principalmente verificarán qué tanto han crecido o disminuido los pasivos. La secretaría de finanzas reportó hoy que al cierre del 2011, la deuda pública de la entidad se ubica en 28 mil 271 millones, es decir, 426 millones menos que el año anterior.
No obstante, los diputados señalaron que a este monto habrá que sumar lo que debe el estado por concepto de los proyectos de prestación de servicios (PPS) y los pasivos de los organismos auxiliares, que andan por el orden de los 15 mil millones de pesos.
