Redacción
Toluca, Edomex 8 de marzo del 2023.- El pleno del Congreso del Estado de México aprobó el paquete de reformas y adiciones a 11 leyes estatales que las legisladoras mexiquenses elaboraron en conjunto con funcionarias de diversas áreas del gobierno y organismos autónomos y con activistas defensoras de los derechos humanos de las mujeres, con el fin de adecuar el marco legal para combatir y atender de mejor manera la violencia de género y fenómenos como el feminicidio y la desaparición de mujeres niñas y jóvenes.
El esfuerzo llevó poco más de tres años, cuando el área de ONU Mujeres se acercó al Estado de México para implementar aquí la iniciativa Spotlight, por ser uno de los territorios más violentos para las mujeres.
Durante meses se tuvieron conversatorios y foros donde participaron activistas, funcionarias y diputadas y dieron su punto de vista sobre el fenómeno de violencia de género y cómo era atendido en la entidad por las autoridades estatales y municipales y cómo desde el marco legal se podrían hacer mejoras para enfrentar la problemática con mejores resultados ante el alto incide de impunidad que existe en estos delitos.
Cabe señalar que el año pasado 409 mujeres murieron en el Estado de México de forma violenta y solo la tercera parte de estos crímenes fueron tipificados como feminicidios y de estos menos del 20 por ciento están esclarecidos y los culpables fueron detenidos y sometidos a proceso.
La diputada Karina Labastida, presidenta de la comisión de seguimiento a los Feminicidios en el Congreso local, indicó que estas reformas aprobadas con el voto unánime de todos los integrantes de la Legislatura “buscan incidir en las políticas públicas a corto, mediano y largo plazo, centradas en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, para que las autoridades lleguen a tiempo, que se atienda la violencia desde la infancia, que de la seguridad pública se mire desde una perspectiva de género e interseccional”.
Entre las acciones que se realizarán con las reformas destacan: impartir capacitación a las y los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México , que sea sistemática, especializada, permanente y acreditable, en materia de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, así como de mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad, encaminada a efectuar con la debida diligencia la conducción de la investigación y procesos penales, especialmente tratándose de los delitos vinculados a la violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, desaparición de personas y trata de personas.
Iniciar la carpeta de investigación, de oficio y sin demora, en todos los casos de violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, trata de personas y desaparición de personas; así como determinar de manera inmediata las medidas de protección que correspondan; evitar una victimización secundaria o el uso de estereotipos discriminatorios que obstaculicen a las víctimas el acceso a la justicia.
Establecer políticas públicas del orden municipal y estatal para la prevención de la violencia sexual en los ámbitos social, comunitaria, situacional y psicosocial; establecer la obligación de indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen en casos de violencia contra las mujeres y ello derive en feminicidio; incluir en el Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar medidas especiales relacionadas con la prevención de actos de acoso y abuso sexual en el espacio escolar, entre otras.
El paquete de iniciativas aprobadas, que concentraron la participación de 45 organizaciones civiles y 100 personas servidoras públicas en el análisis de 815 propuestas, incluyen la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Ley de la Fiscalía General de Justicia; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y la Ley de Responsabilidad Patrimonial.
Asimismo: Ley de Seguridad; Ley de Víctimas; Ley de Movilidad; Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, con Participación Ciudadana; Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar; y la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, todas del Estado de México.
