Redacción
Toluca, Edomex 30 de marzo del 2017 .- El pleno del Congreso del estado de México aprobó este jueves reformas constitucionales para dar paso a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, que deberá comenzar a operar antes del 18 de julio próximo.
Las reformas incluyen propuestas del Ejecutivo y de los principales grupos parlamentarios que integran el Congreso mexiquense. Aún faltan por modificar 21 ordenamientos legales para homologar el marco jurídico estatal a lo que dispone la legislación federal.
Los diputados aprobaron la transformación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Trica), en Tribunal de Justicia Administrativa, instancia que será la encargada de sancionar conductas graves cometidas por los funcionarios y servidores públicos en materia de corrupción.
El PAN propuso que hubiera una renovación total de los magistrados que integran el Trica, pues muchos de ellos fueron colocados ahí tras una larga carrera dentro del PRI, como Miguel Ángel Terrón, ex presidente municipal de Metepec y ex diputado federal,.
El planteamiento quedó sujeto a la discusión a la legislación secundaría que se aprobará en las próximas semanas.
Aunque el PAN también había propuesto la eliminación del fuero para el gobernador, magistrados y diputados, los priistas y liados decidieron hacer sentir su mayoría para que el punto fuera retirado de la discusión.
Lo que sí quedó firme fue la obligación que tendrán todos los funcionarios mexiquenses de alto nivel de presentar anualmente su declaración 3de3, es decir, la patrimonial, la de intereses y comprobante de acuse de la fiscal ante la Secretaría de la Contraloría.
El titular de esta dependencia será designado por el gobernador y ratificado por las dos terceras partes del Congreso del estado. Caso similar, el del Fiscal Anticorrupción que será nombrado por el Fiscal General de Justicia pero debe ser ratificado por las mayoría calificada del Congreso de la entidad.
Se fortalecieron facultades del Órgano Superior de Fiscalización (Osfem), que podrá auditar el manejo de los recursos federales, previo firma de convenio con la Auditoría Superior de Fiscalización, además de que se posibilita a que los ciudadanos puedan solicitar auditorías al Osfem de manera directa y con causa justificada.
