Redacción
Ciudad de México, 27 de abril del 2016.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las tres solicitudes de acción de anticonstitucionalidad que promovieron el Congreso mexiquense, y las Comisiones Nacional Derechos Humanos Nacional y la del estado de México, en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad, también conocida como Ley Atenco.
Este miércoles, el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán notificó a las tres instancias que estudiará sus demandas y presentará a los ministros que integran la primera Sala de la SCJN su dictamen para que el pleno emita su sentencia en las próximas semanas.
El 8 de abril pasado, 51 de los 75 diputados que integran el Congreso local solicitaron a la Corte esta acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, con el fin de que avalen su legalidad o en su caso hagan observaciones para que el Congreso ajuste el ordenamiento y no viole ninguna disposición constitucional.
La aprobación de esta ley el pasado 17 de marzo generó rechazo de partidos políticos de izquierda como Morena y la dirigencia nacional del PRD (los diputados locales de este partido la avalan) pues consideran que atenta contra derechos constitucionales y garantías de los mexiquenses, pues faculta a la policía del estado a poder disolver manifestaciones, reuniones o asambleas a través de la fuerza pública e incluso con el uso de armas letales.
Organizaciones civiles también han calificado la ley como represiva y atentatoria de derechos humanos pues ahora existe riesgo de que se pueda calificar de ilegal cualquier manifestación, reunión o asamblea.
Morena solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la revisión de la ley y promover una acción de anticonstitucionalidad en la Corte por esta norma. En su análisis, la CNDH consideró que algunos artículos de la Ley Atenco pueden ser violatorios de los derechos humanos, sobre todos los que hablan del uso de herramientas de sometimiento, que están prohibidos en la constitución.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos también presentó la acción de anticonstitucionalidad pues considera que son entre seis y ocho artículos los que deben ser modificados para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.
Se pretende que la Corte pueda resolver estos recursos legales antes de que la Ley entre en vigor el próximo 16 de junio del 2016.
