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Admite Corte dar trámite a recurso de anticonstitucionalidad contra Ley Atenco

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foto archivo

Redacción

Ciudad de México. 14 de abril.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió este jueves dar trámite al recurso de anticonstitucionalidad que presentó el Congreso mexiquense a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México que aprobó el pasado 17 de marzo.

El recurso será analizado por el ministro Javier Laynez Potisek en un inicio, porque actuará en suplencia de Alberto Pérez Dayán, quien se encuentra fura del país, pero será finalmente este quien deberá de resolver sobre la legalidad o no del nuevo ordenamiento.

Diputados en la Corte 1Esta es la primera ocasión en que una Legislatura local aprueba una ley y luego recurre a la Corte para verificar si lo que se aprobó es apegado a la  Constitución. Regularmente este tipo de recursos lo presentan las minorías legislativas, pero en este caso lo solicitaron la mayoría del Congreso, en total 51 de los 75 diputados mexiquenses.

Con la aceptación a trámite que dictaminó este jueves la Corte, ahora cualquier mexiquense que se sienta agraviado con la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, también conocida como Ley Atenco, podrá hacer llegar sus argumentos al ministro Laynez Potisek sobre la presunta ilegalidad de la norma.

Esta Ley contempla el uso de la fuerza publica para disolver manifestaciones, asambleas o reuniones, cuando esta adquieran un carácter ilegal o representen un peligro para terceros. Lo anterior ha sido considerado por grupos sociales y partidos como Morena y la dirigencia nacional del PRD como violatorio de las garantías a la libre manifestación, reunión y expresión.

También contempla que la policía pueda usar armas letales para la disolver disturbios, cuando exista un riesgo inminente de la vida de terceros, de los propios manifestantes o de los elementos policiacos.

Los diputados locales del PRI, PAN, PRD, PVEM y Panal, que aprobaron la ley , aseguran que el ordenamiento permitirá limitar y regular el uso de la fuerza y no busca criminalizar la protesta social como lo señalan los detractores de la norma.

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