Redacción
Toluca, Edomex. 18 de julio del 2016.- La Consejería Jurídica del gobierno mexiquense y diputados del Congreso del estado, confirmaron que será el próximo 8 de agosto cuando entre en vigor la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, la cual fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por grupos sociales, y las Comisión Nacional los Derechos Humanos (CNDH) y su par e la entidad (Codhem) al considerar que algunos artículos podrían violentar las garantías individuales.
El gobierno del estado reiteró que la ley entrará en vigor aun cuando los ministros de la Corte no se hayan pronunciado por la legalidad de este norma, y a través del secretario General de Gobierno, José Manzur, se dijo que la idea de contar con un ordenamiento de este tipo es para regular el actuar de la policía y no para reprimir la protesta social.
Manzur dejó en claro que la administración de Eruviel Ávila no pretende “lastimar a ningún mexiquense” con la aplicación de esta ley, la cual deberá ser avalada o rectificada por la Corte en unas semanas más.
La Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, también conocida como la Ley Atenco, fue aprobada por el Congreso en marzo pasado con el voto mayoritario de casi todas las fuerzas políticas, excepto Morena.
Su aprobación y promulgación el 18 de marzo generaron rechazo de grupos y movimientos sociales, al considerarla represiva. Morena afirmó que la ley era inconstitucional pues violentaba las garantías de libre manifestación y reunión que consagra la Carta Magna, pues daba pie a que protestas, marchas, asambleas o reuniones de un grupo determinado de personas pudiera ser disuelta a través del uso de la fuerza pública, incluso con armas letales, cuando existiera riesgo latente para terceros o para los cuerpos del orden.
La polémica al gobernador Eruviel Ávila a que solicitara al Congreso del estado promover una acción de inconstitucionalidad sobre la ley para que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que analizara su contenido y se pronunciara por su legalidad, lo cual a la fecha no ha ocurrido.
La ley fue revisada por la CNDH y por la Codhem y estos organismos de derechos humanos en contaron que algunos artículos podrían dar pie a las violaciones de garantías individuales, por lo que también presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Corte.
Todos estos recursos siguen en análisis de los ministros de la primera sala penal de la SCJN y aun no hay fecha de resolución.
El coordinador del PRD en el Congreso local, Juan Zepeda Hernández confió en que los ministros puedan resolver los recursos de inconstitucionalidad antes de que la ley entre en vigor el 8 de agosto.
En caso de que se hagan observaciones al contenido de la ley, el Congreso sesionaría de inmediato para hacer los ajustes necesarios.
En caso de que llegue el 8 de agosto y aun la Corte no se haya pronunciado por la legalidad de esta ley, la norma entraría en vigor, dijo José Manzur.
El diputado perredista manifestó que en el Congreso se analiza la posibilidad de poder reformar el articulo transitorio que habla de la entrada en vigor de la ley, para poder postergar su aplicación hasta que la Corte se pronuncie sobre la misma.
