Ricardo Moreno*
En aquel momento el entonces Presidente Felipe Calderón, que había recurrido al discurso de la legalidad y del respeto al estado de derecho se veía atrapado en una encrucijada. Por un lado, no podía legitimar su gobierno, pues era producto de la imposición y el fraude organizado desde la presidencia de Vicente Fox, quien lo reconoció unos cuantos años después y, por otro lado, carecía de programa de gobierno propio y estaba hundido en los compromisos que se vio obligado a hacer para arrebatar la presidencia de la República. Estaba necesitado, urgido más bien, de alcanzar la legitimidad que no obtuvo en las urnas y aprovechó, sin ningún cálculo ni social ni político, el ambiente de inseguridad para distraer a la población con un enemigo: la inseguridad.
Declaró la guerra al crimen organizado y echó mano del Ejército y lo sacó a las calles a ejercer funciones de seguridad pública a pesar de la prohibición constitucional para hacerlo. No consultó al Congreso ni presentó ninguna iniciativa para ejercer esa facultad que legalmente no tenía. El Ejército, disciplinado en su cadena de mando, no tuvo más que obedecer a su comandante en jefe.
Por su parte, los medios, la comentocracia oficialista y el PAN no hicieron más que elogiar la medida y justificarla. Nada les importó que todas las acciones realizadas por el Ejercito en labores de seguridad pública estarían viciadas de nulidad y que las puestas a disposición en caso de aprehensión fueran violatorias del debido proceso. El efecto corruptor como lo llamó años después el Ministro Arturo Zaldívar en el caso Florence Cazes, también estuvo y sigue estando presente en esas detenciones ilegales, pues el Ejército no tenía, en ese momento, facultades legales para llevar a cabo funciones de seguridad pública.
Se había instituido como una autoridad de facto encabezada por su comandante en jefe, Felipe Calderón Hinojosa que daba muestras de su carácter autoritario y absolutista. Los resultados de esa guerra loca saltan a la vista y sus efectos no terminan por cesar. La existencia de una disposición constitucional transitoria incorporada a principios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera un detalle, pero es de esos que marcan diferencia. Esa disposición establece que el Ejército actuará como coadyuvante en materia de seguridad pública hasta el 2024, ello implica que el mando de las operaciones corre a cargo de las autoridades civiles y no de las militares y que sus actuaciones son totalmente legales.
El PAN y el PRD hoy cuestionan en una actitud bizarra que esa autorización se extienda hasta 2028 y han decidido romper su alianza legislativa y electoral pues esta propuesta, francamente racional, la entienden como una especie de tabla de salvación de la 4T sin que esto sea así. La irracionalidad y los antecedentes de ilegalidad con los que ha actuado la derecha intransigente en este país hoy se ponen de manifiesto. La medida que se ha votado en la Cámara de Diputados en nada beneficiará al gobierno de López Obrador, pues su vigencia apoyaría al próximo gobierno. Espero que la racionalidad se imponga en el Senado y se ponga el interés Superior de México cuando se discuta esa minuta.
Este país no requiere ni dobles discursos ni caretas de legalidad. Basta de actitudes mezquinas que solo buscan el desprestigio del gobierno en turno a cambio de poner en entredicho la seguridad de los mexicanos. Ya basta de chantajes y estridencias que buscan colocar al Ejército Mexicano como una institución que “puede” poner en riesgo a México. Eso dicen hoy quienes hace algunos años festinaban que el Ejército saliera a las calles aunque la constitución lo prohibiera. Son partidos chimoltrufios; ¡así como dicen una cosa, dicen otra!
* Ha sido diputado federal y local. Se ha desempeñado como representante de MORENA ante el instituto electoral del Estado de México. Fue secretario del Ayuntamiento de Toluca de 2019 a 2020.
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