Toluca, Edomex; 01 de noviembre de 2021.- Faltan escasos dos meses para que los alcaldes electos asuman sus funciones. Sin embargo, las autoridades federales y estatales han encendido las alertas respecto de la actuación de los ayuntamientos salientes, particularmente por su omisión con algunas responsabilidades financieras. Para los presidentes municipales que están por abandonar el cargo, se les agota el tiempo, el presupuesto y hasta la cordura.
La mayor queja que se ha presentado en los últimos meses es la falta o el retraso en el pago de las nóminas. También sobran ejemplos de ayuntamientos que han dejado de pagar prestaciones a los trabajadores sindicalizados. Cientos de servidores públicos han incluso realizado paros laborales. El mayor desafío está por venir, con el pago de aguinaldos que parecen una cantidad inalcanzable para los recursos ahorrados y presupuesto por recibir, para los gobiernos locales.
Entre algunos alcaldes salientes, las autoridades federales han detectado que los ayuntamientos retienen el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los sueldos de sus trabajadores, sin embargo, esas cantidades millonarias no están siendo reportadas con regularidad al Sistema de Administración Tributaria (SAT). La conclusión es que, algunos gobiernos locales han privilegiado el pago de sus proveedores, antes que cumplir con sus responsabilidades fiscales.
Otro factor de alerta es el desarrollo de obra pública. En primer lugar, que todos los proyectos de infraestructura se concluyan satisfactoriamente. En consecuencia, que los gobiernos locales paguen en su totalidad las obras avaladas en el presupuesto anual. Y en general, que los proyectos cumplan con las reglas de operación y funcionen conforme a los programas de inversión. Es ahí donde el Osfem tiene auditorías especiales para los 125 ayuntamientos.
Un caso que resalta en toda esta trama de incumplimientos ocurre en el gobierno de Naucalpan, encabezado por la morenista, Patricia Durán Reveles. La alcaldesa tiene la promesa con el presidente López Obrador de inaugurar este mes de noviembre la Universidad de Naucalpan, cuyos terrenos fueron donados por el primer mandatario a través del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Lo cierto es que, eventualmente la operación de este espacio académico representará un alto costo presupuestal para el ayuntamiento entrante.
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El caso del actor Octavio Ocaña puede convertirse en la semejanza del caso Paulette para el fiscal Alejandro Gómez Sánchez. Videos y versiones en redes sociales advierten una falta de verosimilitud en las hipótesis y primeras conclusiones vertidas por las autoridades ministeriales. Otra vez la misma Fiscalía, otra vez el Estado de México, y otra vez el mismo grupo político que se ha enquistado en el Ministerio Público de la entidad desde hace doce años.
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