Redacción
Toluca, Edomex. 25 de marzo del 2021.- A solicitud de los diputados de la LX Legislatura del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización de la entidad (OSFEM) auditó, por primera ocasión, 15 programas sociales que opera el gobierno mexiquense. Las auditorias financieras practicadas en la Cuenta Pública 2019, revelan un presunto daño a la hacienda pública por mil 564 millones de pesos de recursos asignados a estos programas asistenciales, pero además las auditorias al desempeño dejaron al descubierto inconsistencias como el hecho que los apoyos no están siendo entregados al universo objetivo.
En casi todos los programas sociales auditados, se comprobó que se entregan apoyos a personas que no se encuentran dentro de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) y se constató que en varias modalidades del Salario Rosa, la entrega del apoyo se condiciona a la asistencia de las beneficiarias a actos partidistas, o bien, a la promoción en redes sociales de las actividades y acciones del gobernador Alfredo Del Mazo.
En el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, el OSFEM dedica todo un libro a las auditorias practicadas a cada uno de estos 15 programas sociales. En casi 600 páginas se detallan las acciones emprendidas, los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones emitidas a cada dependencia para lograr una mayor efectividad tanto en la aplicación de recursos como en la eficacia de los programas. Este informe está disponible en el sitio web del OSFEM.
En el Salario Rosa por el Trabajo, se observó que en el 2019, se entregaron apoyos a mujeres de 123 municipios de la entidad y se excluyó del programa a habitantes de Chimalhuacán e Ixtapaluca, –ambos gobernados por el movimiento antorchista, que ha tenido desencuentros con el gobernador Del Mazo–. Ambos municipios, afirma el OSFEM, cuentan con localidades dentro de las Zonas de Atención Prioritarias. De las 26 mil 771 mujeres que se beneficiaron con esta vertiente del salario rosa en 2019, solo 5 mil 962 se encuentran en localidades de las ZAPs, y más de 20 mil no están en estas zonas prioritarias, lo que indica que esta modalidad del Salario Rosa no fue focalizada a la población objetivo, es decir, la más vulnerable o necesitada.
Al hacer una encuesta entre las beneficiarias, se encontró que al 31 por ciento se le condicionó el apoyo de este programa a la asistencia de actos partidistas y al 3 por ciento, a reclutar a más mujeres beneficiarias.
En el Salario Rosa por la Cultura Comunitaria, que maneja la Secretaría de Cultura se observó que de las 5 mil 783 mujeres que recibieron el apoyo, sólo 3 mil viven en Zonas de Atención Prioritarias y se concluyó que las beneficiarias se eligen de forma discrecional Además se señala que la dependencia no entregó al OSFEM información sobre la asignación de recursos.
En el Salario Rosa por el Campo, se comprobó que de las 10 mil 161 mujeres beneficiarias, solo tres mil 200 viven dentro de las ZAPs, ya sea en regiones rurales o urbanas. El registro para acceder al programa sólo 1 por ciento de las beneficiarias lo hizo a través de los mecanismos que señalan las reglas de operación, pues el 62 por ciento lo hizo a través de amigos o familiares y el 15 por ciento por personas vinculadas a partidos políticos.
En el Salario Rosa por la Educación y en el Salario Rosa Beca Educativa, que opera la Secretaría de Educación, se encontró que más de 100 mujeres que no alcanzan el promedio mínimo requerido (8 de calificación), accedieron al apoyo, pues hay casos de 6.2 y hasta de 5.1.
En la vertiente Salario Rosa que opera directamente la Secretaría de Desarrollo Social se observó que se condicionó el acceso al apoyo a las mujeres que promovieran las acciones del gobernador en redes sociales y a la asistencia de actos gubernamentales y hasta partidistas.
En el programa Canasta Edomex, se encontraron beneficiarios repetidos y en el de Jóvenes en Movimiento, son varios que reciben este apoyo y a la par el del Salario Rosa, aunque las reglas de operación no lo permiten.
En el Salario Rosa por Emprendimiento que maneja la Secretaría de Desarrollo Económico se detectaron trasferencias bancarias de los recursos sin que exista documentación que las acredite o soporte.
En el Programa Niños Indígenas, el OSFEM encontró beneficiarios mayores de 15 años, que es la edad límite para acceder al apoyo y que 318 beneficiarios no recibieron apoyo alguno durante ese año. Además se detectó que de las 95 mil canastas alimentarias adquiridas, más de 20 mil quedaron sin entregar ese año.
Finalmente en el programa Apoyos Agrícolas que operó la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario se observó que 181 millones de pesos autorizados no fueron suministrados, y que se erogaron 28 millones de pesos sólo en la operación de este programa y el Salario Rosa para el Campo.
