Redacción
Ixtapaluca, Edomex. 09 de mayo de 2019.- El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) advirtió que la privación ilegal de la libertad de uno de sus integrantes, es un acto de represión a las labores de defensa que realiza, por lo que solicitó a la Administración federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, su intervención inmediata a fin de garantizar la integridad y la vida a cada uno de sus integrantes.
El miércoles por la tarde, el coordinador José Antonio Lara Luque, se desplazó a Ixtapaluca alrededor de las 15:00 horas para atender una queja de un defensor del medio ambiente que fue detenido cuando tomaba fotografías de una tala de árboles presuntamente ilegal “respaldada por policía de la región”.
Aunque se logró la libertad del ambientalista, de quien no se desconoce su nombre, Núñez, de 24 años, “fue privado de su libertad y trasladado al Centro de Mando y Comunicación de Ixtapaluca en calidad de detenido”.
José Antonio Núñez se identificó plenamente con los policías como integrante del CDHZL, además de que portaba un chaleco con el logotipo de su organización.
Sin embargo, policías municipales de Ixtapaluca, gobernado por el movimiento Antorcha Campesina, trataron de intimidar a su coordinador jurídico, quienes viajaban en las patrullas 309 y 315, acompañados del director de Desarrollo Económico del municipio, Víctor Manuel Velázquez, que conducía la camioneta en la que se llevaron al defensor.
Este jueves por la mañana, fue liberado el coordinador jurídico, José Antonio Núñez; no obstante, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” ya trabaja para presentar a la brevedad una denuncia penal.
De acuerdo al CDHZL consideró que la privación ilegal de la libertad del coordinador jurídico de la región del oriente del Valle de México para el “Zeferino Ladrillero», el abogado José Antonio Núñez, se trata de un acto de intimidación que ejercieron “servidores públicos” mexiquenses en el municipio de Ixtapaluca
El “Zeferino Ladrillero” ha participado en la defensa de la tierra de los habitantes de Texcoco sobre la intención de construir un aeropuerto internacional; ahora lo hace, al proteger el derecho humano al agua de los pobladores que habitan en los alrededores de la zona militar de Santa Lucía.
Además, durante años atrás, los defensores han acompañado casos de relevancia nacional, e incluso internacional, como la liberación de seis indígenas nahuas que fueran sentenciados a más de 50 años en la comunidad de San Pedro Tlanixco.
El Centro de Derechos Humanos rechazó de manera categórica el uso de la violencia, mayormente cuando lo hacen funcionarios públicos, más cuando los integrantes de la sociedad —incluidos los defensores y la actividad de los periodistas– se encuentran en calidad de alta vulnerabilidad en la entidad del país donde más inseguridad y delitos se cometen.
