Israel Dávila
Lerma, Edomex 3 de abril del 2019.- Atrás quedaron años de lucha social y disputas jurídicas, de persecución judicial y enfrentamientos con las autoridades. Finalmente este miércoles y tras dos años de mesas de negociación, el Consejo Supremo Indígena de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, de este municipio, dio su aval al gobierno mexiquense y a la constructora Teya para que se pueda concluir la autopista Toluca-Naucalpan, que pretende conectar el poniente del Valle de México con el aeropuerto internacional de la capital mexiquense.
Los indígenas otomíes presentaron hace unos meses una propuesta alternativa para que su comunidad no fuera confinada y tuviera acceso a la montaña en que se localizan lugares sagrados donde miembros de la etnia aún realizan ceremonias. También se lograron compromisos para mejorar los servicios en la comunidad y que parte del peaje de esta autopista se destine a obras para esta localidad.
En conferencia de prensa, José Luís Fernández señaló que todos los acuerdos que se alcanzaron con las autoridades son públicos y transparentes pues jamás se sentaron a negociar en lo oscurito con nadie. En cada mesa, recalcó, hubo representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organizaciones sociales que durante años apoyaron esta lucha social y hasta representantes de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quienes estuvieron atentos de lo que pasaba en Xochicuautla, desde el 11 de abril el 2016, cuando, de forma arbitraria, la constructora y las autoridades derribaron casas para dar paso al trazo de la autopista.
La autopista Toluca-Naucalpan fue concebida hace más de 15 años por el gobernador Arturo Montiel, pero fue el sucesor, Enrique Peña quien en 2006 lanzó la convocatoria para la licitación de la obra y el 24 de abril del 2007 se emitió el fallo cuando la obra se asignó a Constructora Teya. S.A. de C.V. filial de Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas predilectos del expresidente mexiquense.
La autopista de 39 kilómetros, desde Naucalpan hasta la zona norte de Toluca, tendría un costo mil 449.5 millones de pesos y la construcción de la misma llevaría 24 meses, por lo que se tenía proyectada su entrega e inauguración en mayo del 2009.
Sin embargo, la obra no fue consensuada previamente con las comunidades y obtener el derecho de vía se complicó. Xochicuautla fue una de las localidades que mostró resistencia al proyecto por los daños ambientales que representaba para el denominado Bosque Otomí-Mexica, donde realizan sus ceremonias sagradas y la afectación a la zona protegida conocida como Bosque de Agua en los límites de Lerma y Huixquilucan.
En 2011, con argucias y manipulación de algunos habitantes de Xochicuautla, el gobierno obtuvo el aval para la obra con la realización de una asamblea comunal amañada literalmente la división de las comunidad. En 2014, esta asamblea fue anulada por un Tribunal Agrario y quedó sin efecto el aval.
En julio del 2015, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto emitió un decreto expropiatorio de 39 hectáreas de Xochicuautla para que la autopista se pudiera terminar, pero esto generó más encono, pues tampoco se cumplió con la obligación legal de consultar a la comunidad.
Los habitantes de Xochicuautla impidieron por meses los trabajos de la constructora que tuvo que pedir apoyo al gobierno mexiquense que envió granaderos para evitar que se detuvieran los trabajos.
El 11 de abril del 2016, con base en el decreto de expropiación, al constructora derribó varias casas de comuneros de Xochicuautla para garantizar el trazo de la obra, lo que produjo nuevos enfrentamientos y que la resistencia se radicalizara.
Fue entonces que intervino la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los comuneros indígenas de Xochicuautla lograron detener las obras en su localidad, gracias a cuatro amparos, pero a la par, accedieron a negociar con el gobierno del estado, ahora encabezado por Alfredo Del Mazo, para destrabar el conflicto.
En la negociación, los indígenas de Xochicuautla propusieron alternativas para no quedar confinados por la autopista. Tener acceso a sus sitios sagrados, puentes peatonales y vehiculares y una serie de obras para la comunidad en materia de cultura, deportes y educación. A la par, se convino un proyecto de desarrollo integral sustentable para el cuidado del bosque, un plan agresivo de reforestación por todo el área arbolada que derribaron para dar paso a la autopista y obras de infraestructura.
También se aceptó la propuesta del Consejo Supremo Indígena para la formación de un Fideicomiso para que parte de los ingresos de la autopista se destinen a mejorar los servicios en la comunidad.
A la fecha, la autopista Toluca-Naucalpan tiene un avance de más del 95 por ciento, con este aval se pretende que este mismo año sea concluida e inaugurada, diez años después de lo programado.
Extraoficialmente se sabe que el gobierno del estado accedió a extender la concesión para la operación y administración de esta autopista de 30 a 60 años a Teya, por las pérdidas y los daños que le provocaron las suspensiones de la obra durante diez años.
A lo largo de los años y de la lucha que mantuvo esta comunidad, 22 personas fueron encarceladas y se libraron varias ordenes de aprehensión. En el acuerdo, se conviene retirar los cargos y cancelar todas las órdenes de aprehensión para que cese la persecución en contra de líderes de este movimiento.
