Toluca, Edomex. 28 de septiembre de 2018.- Inseguridad, pobreza y corrupción son las asignaturas pendientes, inaplazables, inadmisibles para el Estado de México. Ahí están las principales dolencias de las familias mexiquenses. Esas encomiendas sociales, debieran formar parte de la glosa del informe del gobernador Alfredo Del Mazo. En resumen, Maribel Cervantes, Alejandro Sánchez, Erick Sevilla y Javier Vargas son los integrantes del gabinete que obligadamente podrían comparecer ante la legislatura.
A la distancia, los mexiquenses no se sienten más seguros que hace un año. A pesar de los cambios institucionales, el Estado de México padece por todos los frentes, de la delincuencia común y de la organizada. Maribel Cervantes ha mostrado buenas intenciones, pero poco conocimiento del terreno que pisa. No es lo mismo la problemática de Ecatepec y Neza, que la violencia acentuada en Tejupilco o Luvianos. La prevención del delito ha sido un rotundo fracaso en las últimas dos décadas, ante una incidencia delictiva irrefrenable.
En paralelo, el halo de impunidad que prevalece entre quienes debieran procurar justicia, genera un mayor descontento social. Sólo cinco de cada 100 delitos se denuncian, ante la desconfianza que genera la Fiscalía General de Justicia. De poco ha servido el cambio de nombre institucional, cuando no se visualizan cambios estructurales. El Ministerio Público sigue siendo una institución anquilosada. Alejandro Sánchez ha apostado por el silencio como estrategia de supervivencia, por encima de otorgar respuesta a sus desafíos.
Al menos ocho millones de mexiquenses presentan algún grado de pobreza o marginación. Hasta ahora, las estrategias para cerrar las brechas de desigualdad social han sido insuficientes. Erick Sevilla, más allá de la implementación del Salario Rosa, en el resto de los programas asistenciales ha ejecutado acciones sistemáticas que agudizan la pobreza. No hay ni por asomo, una posible modificación en las acciones por reducir la marginación. Tal parece que la frivolidad de algunos funcionarios encargados de tomar decisiones, buscan en la pobreza una clientela electoral que prevalezca para beneficio de las urnas.
A lo largo de doce meses, el gobierno delmacista ha debido sortear las acusaciones de desfalcos y desvíos de recursos que se acumulan en contra de su antecesor Eruviel Ávila. Las dependencias y los nombres saltan a la vista de la opinión pública. No obstante, hasta ahora la Contraloría Estatal ha sido omisa para dar seguimiento a un mandatario y sus colaboradores más cercanos, cuya evolución patrimonial también resultó ostentosa y ofensiva. La corrupción no sólo se resuelve en el presente, sino persiguiendo las conductas del pasado.
Mucho se ha comentado de la falta de experiencia legislativa de la mayoría morenista en la Cámara de Diputados Local. Pero más apremiante resulta, algunos perfiles limitados de los diputados estatales, cuya condición les impedirá cuestionar con datos duros y conocimiento profundo a quienes comparezcan en la Legislatura Estatal. Por esa misma razón, se anticipa que pese a las encomiendas pendientes, la glosa del informe sea un día de campo para funcionarios con mucho “colmillo” que enfrentarán la novatada de la bancada de la cuarta transformación.
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