El operativo policíaco dispuesto por el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto en la reyerta entre policías preventivos con floristas de Texcoco y ejidatarios de San Salvador Atenco en mayo de 2006, marcó un rostro represor, autoritario y de una sistemática violación a los derechos humanos, que a la distancia reafirma el principal desafío que afrontan las instituciones de seguridad y justicia: la prevalencia de la impunidad.
La semana pasada, once mujeres víctimas de vejaciones sexuales por parte de elementos policíacos, comparecieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar los abusos que sufrieron por parte de policías federales y estatales, quienes irrumpieron por órdenes de Peña Nieto en San Salvador Atenco para realizar cateos y detenciones sin una previa orden judicial.
Hace casi siete años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acreditó que los cuerpos policíacos del Estado de México, habían incurrido en un abuso de autoridad y en una acreditada violación a los derechos humanos, sin mayores consecuencias para los responsables de haber cometido tales agravios.
En el balance general de las acusaciones de tortura, lesiones, abuso de autoridad y vejaciones sexuales, la entonces Procuraduría General de Justicia -encabezada por el extinto Abel Villicaña- fue omisa, permisiva, negligente y silenciosa para abordar con absoluto desdén las denuncias de las víctimas del caso Atenco.
Ha sido la tenacidad personal y la fortaleza institucional de instancias internacionales, lo que ha permitido que a once años de distancia, las mujeres víctimas de abuso sexual abran la oportunidad de ser escuchadas, de ser reconocidas y de tener una esperanza de justicia frente a los abusos policíacos que fueron permitidos, y sin castigo por la procuración de justicia estatal.
A la fecha, la opinión pública desconoce por completo la cadena de mando respecto del operativo policíaco que selló al gobierno de Peña Nieto, y lo persiguió hasta la campaña presidencial y su participación con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Lo cierto es que, la entonces Agencia de Seguridad Estatal tenía como orden jerárquico en su toma de decisiones a Wilfrido Robledo Madrid como comisionado de la Policía Estatal, y al secretario general de gobierno, Humberto Benítez Treviño, hoy refugiado en el Colegio Mexiquense.
El Estado Mexicano ha trascendido fronteras por su proclividad para criminalizar la protesta social, sin que hasta la fecha, el Estado de México haya sido capaz de diseñar una ley de seguridad estatal que le permita consolidar protocolos de actuación en respeto a los movimientos sociales y su derecho a manifestarse.
En su oportunidad, el exgobernador Eruviel Ávila promulgó la denominada Ley Atenco, que dejaba a discrecionalidad de la autoridad policíaca la capacidad de encarcelar a quienes pusieran en riesgo la tranquilidad y paz social por motivo de una protesta social. La Ley fue impugnada y se mantiene en suspenso, sin que exista voluntad legislativa o judicial para regular las tareas policíacas.
En paralelo, las instancias estatales han sido incapaces de castigar a los policías, agentes ministeriales y jueces responsables de reprimir a quienes protestaron contra la autoridad. Lo que prevalece es la impunidad como una estrategia permanente para legitimar la actuación del Estado en contra de la disidencia social, y de plena complacencia entre las instituciones del poder público.
