El problema de la inseguridad que enfrentará el próximo gobernador del Estado de México -eventualmente por oficializar al priísta Alfredo del Mazo-, será un desafío abrumador que transita no sólo por la estrategia que pueda implementar para combatir a la criminalidad, sino que involucra además la imperiosa necesidad por mejorar la percepción social y revertir una incidencia delictiva que amenaza la paz social, la integridad de sus habitantes y su patrimonio.
Apenas la semana pasada, el Estado de México padeció una cruenta actividad criminal, en pinceladas tanto de la delincuencia común como del crimen organizado, que exhiben al gobierno de Eruviel Ávila Villegas con encomiendas pendientes que no han podido ser resueltas, frente a una problemática que se ha agudizado, al menos en las cifras y las acciones documentadas.
Ahí están escenas dantescas -con personas acribilladas y otras degolladas- que son atribuidas a las disputas de grupos de narcotraficantes en tierras mexiquenses, lo mismo que un centro comercial atracado como un capítulo de exasperada ficción que sólo refleja en ambos casos, la manera en que las actividades delictivas y sus formas de organización han rebasado toda la capacidad institucional del Estado por mantener o preservar la paz social.
Han pasado seis años desde que Eruviel Ávila se propuso combatir al crimen organizado, que ya mantenía asolado a la entidad desde la gubernatura peñista en el que se comenzaron a normalizar las ejecuciones vinculadas con disputas entre narcomenudistas; empero los esfuerzos han sido insuficientes a pesar de haber experimentado la implementación de una Secretaría de Seguridad Ciudadana -parte de sus promesas de campaña electoral en 2011-, y más recientemente, en una renovada Fiscalía General de Justicia, que sólo parecen intentos institucionales que quedan en mera simulación y escasos resultados.
Lo cierto es que la oferta electoral y apuesta política de Eruviel Ávila no era un asunto de reciente preocupación en el Estado de México, pues ya doce años antes, en la última campaña por la gubernatura del siglo veinte, el priísta Arturo Montiel -cobijado por el estratega electoral Carlos Alazraki-, se proponía defender los derechos humanos de los mexiquenses, para afrontar a las “ratas” a quienes prometía combatir, encarcelar y castigar con todo el peso de la ley.
En la pasada campaña electoral, el priísta Alfredo del Mazo volvió a la carga -ahora bajo la tutela de Gisela Rubach-, para prometer una decidida estrategia contra la inseguridad, particularmente la que padecen los mexiquenses en el transporte público. Con un rostro endurecido, Del Mazo prometió en su proselitismo luchar por la seguridad de los mexiquenses, mientras cerraba un vehículo del sistema penitenciario como muestra de su disposición por recuperar la paz social, que los mexiquenses hace mucho extraviaron de sus vidas.
En su intento por legitimar su acción de gobierno, ante un ascenso al poder público altamente cuestionado por el apretado triunfo electoral, Del Mazo deberá dar resultados inmediatos particularmente en el combate a la inseguridad, y que no se reduce con miles de cámaras de seguridad, botones de pánicos y demás implementos para hacer del Estado de México un Big Brother que dote de extremada vigilancia, pero que no puede olvidar acciones que posibiliten la recuperación del tejido social, la reversión de la incidencia delictiva y la devolución de la confianza de los mexiquenses en las calles.
No basta tampoco con dotar de nuevos nombres y renovadas imágenes institucionales, mientras en las dependencias de seguridad sigan combatiendo el crimen las mismas personas que están ahí desde hace tres o cuatro sexenios, muchas de ellas acusadas de corrupción, negligencia y omisión, y que son parte del problema y no de la solución. Es ahí, donde Del Mazo deberá demostrar su disposición a cambiar “las cosas que están mal”, y su capacidad para tomar decisiones que le permitan tomar el control de un Estado que se desmorona.
