El conflicto de interés en que frecuentemente incurre la clase gobernante no representa necesariamente una acción ilegal o un acto de corrupción, sin embargo, simboliza que su toma de decisiones está influenciada por un interés secundario, ya sea de tipo económico o personal. En esa esfera puede establecerse la asignación de notarías públicas emprendida por el gobernador Eruviel Ávila para beneficiar a su círculo más cercano como Erasto Martínez Rojas, Omar Martínez, Alejandro Agundis y Luz María Alatorre, entre otros.
El acto discrecional que por sí mismo implica el otorgamiento de notarías públicas transita por una circunstancia subjetiva en la que el gobernador en turno debiera considerar el bien común, para en su momento ampliar el número de notarías existentes en el territorio mexiquense. Y en segundo lugar, poner en la balanza los méritos, conocimientos, trayectoria y perfil profesional de los nuevos titulares de las notarías, antes que favorecer a su círculo más cercano, a sus aliados políticos y al interés personal y económico en sus decisiones.
Lo cierto es que ante el grupo de actores políticos beneficiados con la asignación de nuevas notarías, lo que se desnuda es la existencia de un episodio que favorece a una élite política que se encuentra en los afectos de Eruviel Ávila, que pretende otorgar un beneficio de carácter económico en el mediano y largo plazo, a partir de una acción acelerada ante su muy próxima conclusión del sexenio en septiembre próximo.
Si en su momento, sus antecesores Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto incurrieron en un acto discrecional para favorecer también a sus aliados personales en la asignación de nuevas notarías, ello no supone una actividad legítima desde la cual se pretenda normalizar que cada final de sexenio, el gobernador en turno deba aprovechar su cargo, su autoridad y sus facultades para repartir notarías públicas a sus “amigos” por encima de contemplar las necesidades del Estado de México y quienes realmente cuentan con las condiciones para asumir dichas responsabilidades.
Pese al cuestionamiento de la opinión pública, en una determinación que enmarca un conflicto de interés, no se avizora un posible pronunciamiento por parte del titular del Ejecutivo Estatal que explique cuáles fueron los criterios para, en primer lugar, otorgar nuevas notarías; y en particular, otorgue detalles sobre las razones por beneficiar a quienes se conoce como sus operadores políticos o aliados personales en el ejercicio de gobierno de los últimos seis años.
En el pragmatismo puro que caracteriza a Eruviel y su partido, las nuevas notarías públicas y sus titulares, más parece un pago a los favores políticos que ha recibido su gobierno por parte de priístas y opositores, que en su conjunto beneficiaron y multiplicaron los beneficios del grupo en el poder público. En el horizonte, no se ven razones suficientes para la asignación de notarías, más cuando los beneficiarios son parte de la élite política, y no abogados o juristas con una carrera civil encaminada a la fe pública.
Lo deseable sería que Eruviel Ávila desista de tal decisión para evitar incurrir en un conflicto de interés que se ha vuelto un asunto coyuntural y de relevancia pública, a partir de la revelación de la Casa Blanca de Angélica Rivera -la cual había sido construida por Juan Armando Hinojosa, proveedor favorito del sexenio peñista-.
De lo contrario, también se hace obligado que desde la Contraloría Estatal se iniciara una investigación referente a la asignación de estas nuevas notarías públicas, para descartar en todo caso cualquier posible conflicto de interés, empero se podría anticipar una indagatoria a modo, con un resultado previsible de exoneración para legalizar la conducta de Eruviel Ávila y su gobierno, en una toma de decisiones de algo que resulta indeseable, inmoral e incorrecto, y desde lo jurídico, quizá legal pero incorrecto.
