Han pasado casi once años de la reyerta entre policías federales y estatales con ejidatarios de San Salvador Atenco, y el gobierno del Estado de México ha sido incapaz desde entonces de diseñar, consolidar y ejecutar una ley que regule el uso de la fuerza pública y evitar en todo caso los abusos de autoridad que en su momento arrojaron 211 personas detenidas, dos personas fallecidas y alrededor de una decena de mujeres con vejaciones sexuales.
En mayo de 2006, durante el sexenio del hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto, la actuación de las fuerzas de seguridad resultó excesiva para contener una protesta social y sin agotar las posibilidades del diálogo social, un enfrentamiento entre piedras, palos y gas lacrimógeno derivó en el peor antecedente de represión policíaca en el Estado de México, lo que incluso estigmatizó al peñismo para perseguirlo hasta su campaña presidencial, en su visita por la Universidad Iberoamericana en mayo de 2012.
Todavía como gobernador, Peña Nieto recibió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resoluciones contundentes que dejaron de manifiesto que su toma de decisiones había resultado en actos de abuso de autoridad.
En un primer momento, se ordenó la liberación de tres líderes del movimiento encabezados por Ignacio del Valle, quienes habían recibido sentencias por 112 años de prisión y habían sido encarcelados en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, junto a narcotraficantes, sicarios, violadores, secuestradores y demás criminales de alta peligrosidad, aun cuando su condición en prisión correspondía al de presos políticos.
En tanto, como una resolución indispensable, el Máximo Tribunal de Justicia del país determinó con urgencia el diseño, la consolidación y la ejecución de una ley que regulara el uso de la fuerza pública para evitar abusos de autoridad que laceraran el goce de libertades y de respeto a los derechos humanos.
Con la ley del garrote por delante, el gobierno de Eruviel Ávila -sucesor del peñismo- ideó un marco legal que exhibe su pretensión por incentivar criterios discrecionales que legitiman el uso de la fuerza pública para criminalizar la protesta social, así como considerar la inconformidad ciudadana como una condición que vulnera y pone en riesgo la gobernabilidad.
Frente a una serie de inconformidades desde asociaciones civiles, especialistas y académicos, el gobierno de Eruviel Ávila decidió postergar la entrada en vigor de una ley que ya había sido aprobada por la legislatura mexiquense. Emprendió entonces una estrategia dilatoria, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resuelva la procedencia de su marco legal.
Sin embargo, a casi once años de la protesta social de San Salvador Atenco sigue sin regularse el uso de la fuerza pública, que mantiene en la indefinición y la incertidumbre sus funciones, donde prevalece una sistemática criminalización de la protesta social como mecanismo de represión gubernamental.
Atenco permanece como símbolo de lo indeseable en la actuación de la fuerza pública, pero en el horizonte se advierte que Eruviel Ávila ha decidido heredar el expediente al sucesor o sucesora para evitar asumir cualquier costo político de un problema que asume que no es suyo por haber ocurrido en el sexenio anterior.
