Toluca, Edomex. 08 de marzo de 2017.- El tope de gasto de campaña de la elección de gobernador se fijó en 285 millones de pesos. En promedio, durante 60 días los candidatos a la gubernatura mexiquense tendrán la capacidad de gastar hasta 4.75 millones de pesos diarios. Es decir, cada hora se podrán gastar 190 mil pesos; y alrededor de 3 mil 166 pesos por minuto durante el periodo de proselitismo. Una campaña por demás onerosa para un estado con tantas carencias que se convertirán en un despilfarro en la promoción del voto.
Sólo para dimensionar la disparidad en que vive la clase gobernante con la realidad que padecen millones de familias mexiquenses, basta entender que mientras cada candidato podrá gastar 3 mil 166 pesos por minuto; un trabajador sujeto al salario mínimo -fijado en 80 pesos diarios- apenas alcanza una percepción mensual de 2 mil 400 pesos. Con campañas tan costosas frente a las condiciones de marginación de la gente, se cumple la premisa hankista de lastimoso pragmatismo: “un político pobre es un pobre político”.
En gran medida, los partidos políticos alientan el despilfarro económico basado en el uso clientelar de las campañas electorales. Ha llegado el momento de regalar despensas, láminas, cemento, tinacos, y utilitarios (como gorras, tazas, playeras, cubetas y hasta comales) ante un electorado en condiciones de pobreza que acepta esas dádivas sin chistar. El modelo electoral en México, y particularmente en el estado, funciona a partir de lucrar con las necesidades de su gente a través de un gobierno y un sistema de partidos paternalista.
El modelo electoral está agotado. Frente al hartazgo social se estima que apenas el 60 por ciento salga a votar en junio próximo. Entre poco más de 11 millones de electores, apenas 6 millones emitirán su sufragio. Y en paralelo, el candidato o candidata ganador alcanzará el 35 por ciento de la preferencia electoral. Apenas 2 millones 100 mil sufragios, poco más del 10 por ciento de la población, habrá decidido al próximo gobernador o gobernadora del estado.
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En un despropósito, este miércoles los secretarios general de gobierno, José Manzur Quiroga; y de Finanzas, Joaquín Castillo, comparecerán por petición de parte ante la Legislatura estatal para esclarecer las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que rebasan los mil 943 millones de pesos. La estrategia parece un mero ardid mediático, para dar explicaciones ante una legislatura que nada tiene que ver con las observaciones hechas por la Cámara de Diputados Federal, pero que pretende desvanecerse frente a la aplastante mayoría priísta del congreso mexiquense.
Enviados por Eruviel Ávila, los integrantes del gabinete mexiquense han planchado ya una comparecencia a modo. Una oposición desdibujada tendrá imposibilidad de exhibir los excesos y las inconsistencias del gobierno eruvielista. La opacidad en el manejo de los recursos públicos es una ecuación sistemática en la administración mexiquense. En víspera de tiempos de campaña, y ante la posibilidad del despilfarro proselitista, las observaciones por auditorías parecen un llamado de alerta para evitar el desvío de recursos a fines electorales.
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