El “justiciero de la Marquesa” ha pretendido justificar a través de una inverosímil investigación, la ocurrencia de cuatro homicidios que corren el riesgo de quedar en la impunidad, cuyos cuerpos fueron arrojados en una de las carreteras de mayor flujo vehicular; y ubicada en el corazón geográfico del país.
En México, desde hace una década, la cruenta violencia atenta contra nuestra capacidad de asombro, para concebir con relativa normalidad la aparición de cuatro cuerpos asesinados en plena ruta de circulación entre la capital del país y la capital mexiquense. Se trata de un crimen que lástima el tejido social y que en sociedad avanzadas hubiera conmocionado a la opinión pública.
En lo inmediato, la procuraduría de justicia mexiquense se instaló sobre la hipótesis de un asesino solitario y anónimo, denominado entre la opinión pública como “justiciero de la Marquesa”, que acribilló a una banda de asaltantes sin una respuesta por parte de las víctimas, con apariencia de rateros novatos para ser sorprendidos en flagrancia y caer muertos sin capacidad de reacción.
El móvil del múltiple homicidio desnuda la incapacidad de las instancias de procuración de justicia para cumplir su encomienda. La sociedad civil ha asumido un rol protagónico para hacer justicia con propia mano, y dar respuestas extremas a la impunidad que lacera tanto a las víctimas del delito.
Las instituciones del Estado han sido rebasadas de principio a fin. Desde el momento en que la criminalidad asciende en las estadísticas oficiales y en la percepción pública, hasta el hecho de que la desconfianza ciudadana y el hartazgo social conllevan a asumir tareas propias de los gobiernos.
El vacío institucional representa una pérdida de credibilidad de los gobernantes encargado de ejercer el Estado de derecho. Hoy, desde el marco institucional existe una enorme incapacidad para prevenir delitos, combatir al crimen y procurar justicia, lo que ha implicado que sea la propia sociedad, desde una actuación fuera de la legalidad, quienes busquen mecanismos de hacer que se cumplan las leyes, y ejercer castigos propios a los criminales.
La exigencia social debe comenzar por la recuperación de nuestra capacidad de asombro, para exigir respuestas contundentes desde las instituciones, ante la inaceptable aparición de cuatro cuerpos acribillados en plena carretera federal como un asunto de una violencia cotidiana y parte del paisaje natural.
Tampoco se trata de justificar o entronar las acciones de un “justiciero anónimo” en tanto que sería como renunciar a que las instituciones cumplan con su marco de responsabilidades y facultades.
Por lo tanto, es menester que desde el ámbito de la participación ciudadana se desarrollen mecanismos de interlocución gubernamental para articular acciones que permitan emplazar a las autoridades encargadas del combate al delito y de procuración de justicia, para entregar resultados tangibles, medibles y consistentes que regresen la tranquilidad a las calles, y sea la paz social y no la violencia parte de la normalidad a la que debemos acostumbrarnos.
