Jenaro Villamil / Homozapping
El modelo único de familia y de matrimonio fue derrotado por la estadística y la realidad socioeconómica, mucho antes que el Ejecutivo federal propusiera la reforma al artículo 4 constitucional para establecer el derecho al “matrimonio igualitario”.
Según el más reciente estudio del INEGI, en México sólo el 40 por ciento de los 28 millones 700 mil hogares están conformados por familias tradicionales (varón, mujer e hijos de la misma pareja), mientras que el 60 por ciento (casi 17 millones) son hogares formados por una variedad de modelos familiares. En la mayoría de los casos, se trata de hogares con sólo una madre. Y en muchos otros, de hogares formados sin lazos de consanguinidad.
Esta realidad la sabe la jerarquía católica, la conocen y la viven los políticos panistas que han apoyado las marchas del Frente Nacional por la Familia que han articulado un gran escándalo en medios masivos y en redes sociales a partir de una enorme demagogia: reconocer el derecho al matrimonio igualitario no afecta al modelo tradicional de familia.
Son la modernidad, la diversidad, la liberación del papel de la mujer, la posibilidad de las parejas del mismo sexo, la adopción de modelos más flexibles de familia, la ruptura con los atavismos y la expansión del divorcio lo que ha afectado el modelo único de familia que pretenden defender a contracorriente de la historia y del laicismo.
La “familia natural” es una entelequia. No es amenazada ni por las parejas del mismo sexo ni por la iniciativa al artículo 4 constitucional del Ejecutivo federal y de otros partidos. Tan no es amenazada que los propios legisladores del PRI han mandado a “la congeladora” del Congreso la iniciativa que publicitó Peña Nieto en mayo de este año.
El segundo punto que más le preocupa al Frente Nacional por la Familia y a los grupos religiosos más recalcitrantes y “renacidos” (los cristianos del neo medievo) es “la ideología de género” que se “pretende imponer en la educación básica”.
En realidad, ahí está la auténtica agenda de los jerarcas religiosos y de grupos conservadores como el Yunque, Legionarios y el gran arcoíris del conservadurismo renacido. El equipo de Peña Nieto les prometió una reforma al artículo 24 constitucional para garantizar la libertad de educación religiosa en las escuelas. No les cumplió.
Ahora toman como bandera la “ideología de género” para contrarrestar su verdadero interés: el gran negocio de la educación religiosa en la educación pública básica (primaria y secundaria), tomando como pretexto el derecho de los padres a definir las creencias de sus hijos.
La “ideología de género” no amenaza ese derecho. Los padres y sus hijos pueden tener la educación religiosa que quieran, pero no en la escuela pública, laica y gratuita.
La batalla también es por modificar el artículo 40 de la Constitución que en 2012 fue modificado para definir la condición laica de la República:
“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”.
Este artículo, junto con el 4, el 24 y el 130 constituyen la agenda fundamental para la reinstauración de un modelo de Estado confesional que ya estaba superado desde las Leyes de Reforma en el siglo XIX.
El doctor Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, lo apuntó muy bien en su reciente artículo en el periódico Reforma: desde 2007, la jerarquía inició una contraofensiva, a raíz de la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Lograron reformar 18 constituciones estatales para equiparar al óvulo fecundado con la persona.
Pensaron que con Peña Nieto en la presidencia de la República iban a poder avanzar en su agenda confesional y en su máximo interés político: tener uno o varios ministros en la Suprema Corte de Justicia que defienda sus puntos de vista; frenar el avance de la agenda de la diversidad y de los matrimonios igualitarios; incidir en la reforma educativa con su propia agenda y sus intereses.
La jerarquía católica ya olió la sangre. Sabe de la extrema debilidad del gobierno de Enrique Peña Nieto y ha decidido movilizarse. Están decididos a mostrar su “músculo” corporativo-religioso para cabildear su propia agenda ante todos los partidos políticos. Están demostrando su interés en entrar al mercado político-electoral.
El problema es que la jerarquía miente cuando se trata de deslindar de la convocatoria. Desde el 12 de agosto pasado, la Conferencia Episcopal Mexicana apoyó la convocatoria para las marchas del 10 y 24 de septiembre en todo el país:
“Nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre lo contrario”, afirmó la CEM.
El problema es que ya la realidad los rebasó desde hace décadas y sólo queda la consigna vacía de una “familia natural” para generar una cristiada mediática.
