Redacción
Toluca, Edomex, 26 de julio del 2016.- Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Finanzas Públicas de la 59 Legislatura mexiquense aprobaron, por unanimidad, reformas a los Códigos Civil y Financiero del Estado de México y Municipios para agilizar el trámite de liberación de inscripción de garantías hipotecarias una vez transcurridos 10 años a partir del vencimiento del plazo para el cual fue constituido.
En reunión de trabajo que contó con la opinión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, presidida por el diputado Raymundo Martínez Carbajal (PRI), su compañera de Grupo Parlamentario, la legisladora Leticia Mejía García, afirmó que la propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas beneficia tanto a deudores como acreedores, especialmente a los adultos mayores y a sus herederos.
Del PAN, el diputado Raymundo Guzmán Corroviñas subrayó que estas reformas “cambian la realidad de las familias” y tienen “un sentido social profundo”, toda vez que brindan certeza jurídica al patrimonio, aunque, dijo, persiste el reto de otorgar este beneficio en aquellos casos en los que el banco o quien otorgue el crédito desaparezca, se fusione, ceda o subrogue los derechos.
La diputada Juana Bonilla Jaime (PRD) calificó el dictamen como acertado, porque contribuye a solucionar problemas jurídicos relacionados con la vivienda, lo cual, dijo, es consecuencia de la especulación de la tierra y del crecimiento de las empresas inmobiliarias desde los años 80.
En su oportunidad, el coordinador parlamentario de Encuentro Social, Mario Salcedo González, indicó que estas reformas dan certeza jurídica a los propietarios de inmuebles, por lo que reconoció al mandatario mexiquense por su sensibilidad para impulsar esta propuesta.
Recordó que en el Tercer Periodo Extraordinario de Sesiones también avalaron reformas al Código de Procedimientos Civiles, para promover la figura de juicio de usucapión abreviado, es decir, un procedimiento más corto para obtener los derechos sobre un predio del que se ha tenido posesión durante un plazo de cinco años.
El dictamen aprobado busca evitar casos de injusticia, como cuando la institución que otorga el crédito hipotecario se fusiona con otra, entra en liquidación o deja de existir, y el deudor crediticio queda en estado de indefensión al no tener las herramientas jurídicas necesarias para gestionar la cancelación del gravamen del derecho real inscrito.
Considera adecuada la propuesta relacionada con la extinción de la inscripción registral de garantías mediante el pago de los derechos correspondientes en el supuesto de que por el transcurso del tiempo han caído en el abandono, y por lo tanto, estas garantías no podrán ser ejecutadas.
En este sentido, busca mejorar la normatividad jurídica y la buena marcha de la administración pública.
