Redacción
Toluca, Edomex. 28 de julio de 2016.- Ha pasado un año de que decretó la alerta de género para once municipios del estado de México, pero la situación de violencia que enfrentan las mujeres en la entidad no parece cambiar.
En lo que va del año más de 150 mujeres han sido asesinadas de forma violenta en el territorio mexiquense, según han documentado medios locales, aunque las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México sólo han clasificado como feminicidios menos de 70 casos.
El delito de violación sigue a la alza. Desde que se decretó la alerta de género -el 28 de julio del 2015- al 30 de junio de este año, se han iniciado mil 750 carpetas de investigación, pero en los últimos seis meses, la incidencia se ha incrementado. En el segundo semestre del año pasado, se contabilizaban 140 casos mensuales, pero de enero a junio de este año, el promedio subió a 174.
Las desapariciones de mujeres jóvenes siguen ocurriendo. Se estima que a diario al menos cuatro muchachas desaparecen, principalmente en la franja de Coacalco, Tultitlán, Tecámac, Ecatepec y Chimalhuacán, según organismos no gubernamentales.
Los esfuerzos institucionales no parecen suficientes. Las autoridades federales y estatales decretaron la alerta para generar mecanismos y acciones que ayudaran a contrarrestar la violencia sistemática hacia las mujeres en los municipios de Ecatepec, Tultitlán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Chalco, Izcalli, Tlalnepantla y Toluca, que concentran el 54 por ciento de los casos de feminicidios.
Aunque el gobierno del estado ha adoptado medidas emergentes encaminadas a atender el problema, esto aún no se refleja en una disminución en la incidencia.
En mayo del año pasado, tres meses antes de que se decretara la alerta, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió lineamientos para que cualquier homicidio violento de mujer sea investigado bajo la perspectiva de género, es decir, siempre como si se tratara de un feminicidio.
Esto se hizo a raíz de una sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación de un amparo concedido a Irinea Buendía, una septuagenaria que luchó durante seis años para que la PGJEM reabriera la investigación sobre la muerte de su hija Mariana, pues en un primer momento se dijo que había fallecido por un suicidio, pero la madre siempre supo y pudo comprobar que se trató de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima.
Tras la declaratoria de alerta de género, se publicaron protocolos de actuación para que los cuerpos policiacos supieran cómo actuar en caso de conocer e investigar un feminicidio o una desaparición.
Se dio capacitación a personal de la PGJEM encargado de las investigaciones de los delitos relacionados con la violencia de género. Se crearon agencias del ministerio público especializadas y centros de justicia para atender estos delitos.
También se conformó un grupo especializado que tendría la tarea de revisar las averiguaciones previas iniciadas del 2005 a la fecha sobre homicidios violentos de mujer, para verificar si las indagatorias se realizaron correctamente y en los casos donde se encontraran inconsistencias, habría el compromiso de reabrir los expedientes.
En noviembre pasado, la administración estatal emprendió una campaña para invitar y convencer a las mujeres víctimas de violencia, a que acudieran a denunciar a sus agresores, a recibir atención médica y psicológica y a salir del entorno de violencia en el que están inmersas. La campaña de cero tolerancia fue reforzada en mayo pasado.
La línea contra la violencia 01 800 10 84053 del Consejo Estatal de la Mujer registró un incremento en las llamadas de auxilio del orden del 54 por ciento, pero para las mujeres víctimas sigue siendo difícil dar el paso para denunciar a su agresor.
En los once municipios donde se decretó la alerta de género se identificaron zonas de riesgo para las mujeres. Se instalaron video-cámaras de vigilancia y se tiene el compromiso de instalar botones de pánico y mejorar el alumbrado público.
A los once municipios se les encargó crear grupos especializados en sus policías para atender llamados de auxilio de mujeres en situación de violencia. La mayoría han integrado a sus cuerpos de seguridad estas células de reacción inmediata.
El procurador de justicia, Alejandro Gómez declaró en abril pasado que el fenómeno de violencia contra las mujeres y en especifico en feminicidio, no podrían cambiar de un momento a otro.
“Se está avanzando poco a poco con el asunto de la alerta de género. No es un tema que se pueda revertir de un momento a otro. Nos va a llevar tiempo… pero una parte es de la Procuraduría y otra corresponde a la parte preventiva, donde participan una serie de autoridades como la comisión estatal de seguridad, las policías municipales, los ayuntamientos y las instancias que manejan los esquemas de desarrollo social y de atención de la mujer”, dijo.
Cifras de la PGJEM indican que desde que se tipificó el feminicidio como delito en el Código Penal mexiquense, en marzo del 2011, se han iniciado 291 carpetas de investigación. De ellas 126 casos siguen en trámite y 158 ya se encuentran judicializados, es decir con vinculación a proceso de presuntos responsables. De estos 158, en 78 se han emitido sentencias condenatorias, todas ellas con condenas superiores a los 40 años de prisión.
