Toluca, Edomex. 23 de junio de 2016.- El pasado 11 de junio, el gobernador Eruviel Ávila se reunió con la clase política del Estado de México, tras la derrota electoral del PRI en siete gubernaturas del país. En su mensaje fue contundente, respecto de que su gobierno castigaría la corrupción de la clase gobernante, y como ejemplo puso al exalcalde de Naucalpan, David Sánchez Guevara. Ayer, la Procuraduría mexiquense solicitó 10 años de prisión por el delito de peculado en contra del exedil priísta encarcelado en el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez.
Aun cuando Eruviel criticó los excesos de Sánchez Guevara como el detonante para ir en contra de sus conductas ilícitas, entre el mundillo político se sabe que el exalcalde preso asumió actitudes que lastimaron su relación personal con Ávila. En esencia, las acciones en contra del naucalpense tuvieron un fondo político por encima de las razones legales. Ávila ha lanzado un mensaje hacia la deslealtad política, en la víspera del momento más crítico para el priísmo mexiquense que requerirá de unidad absoluta hacia las elecciones de 2017.
El próximo jueves 30 de junio, vence el plazo para que las actuales administraciones municipales realicen las observaciones sobre presuntas irregularidades financieras de sus antecesores. En decenas de ayuntamientos se han detectado desfalcos, desvíos de recursos financieros, malversación del erario público, cuyas inconsistencias deberán ser remitidas a la Contraloría del Poder Legislativo y el Órgano Superior de Fiscalización. Las mayores observaciones podrían derivar de los gobiernos panistas y perredistas, cuyos gobiernos precedentes fueron encabezados por priístas.
Eruviel tiene una nueva oportunidad histórica para lanzar otro mensaje hacia el PRI mexiquense sobre castigar la corrupción y el desvío de recursos. Sin embargo, una valoración singular deberá ejercer en tanto que al menos 20 exalcaldes que incurrieron en desfalcos, hoy forman parte de su gabinete como subsecretarios y directores generales en diversas áreas. Tanto fue el apuro de Eruviel por saldar componendas, que difícilmente podrá ejercer acciones en contra de sus hoy colaboradores por razones meramente políticas.
Hasta ahora, al menos 70 ayuntamientos siguen enfrentado dificultades económicas derivado de la actuación irregular de sus antecesores. A los desfalcos y onerosas deudas que les fueron heredadas, hoy los gobiernos municipales se quejan de un recorte en las participaciones federales y estatales, una disminución en la recaudación de recursos propios y un panorama económico desolador para los próximos 18 meses.
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