Redacción
Ciudad de México, Edomex, 8 de abril del 2016.- Los diputados local es que hace unas semanas aprobaron la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México presentaron hoy un recurso de anticonstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea esta instancia la que determine la legalidad de esta norma que ha sido objeto de criticas por parte de organizaciones sociales y partidos políticos por considerarla represiva y violatoria de las garantías individuales.
Encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, Cruz Juvenal Roa Sánchez, 51 diputados de los 75 que integran la Legislatura firmaron el recurso que fue entregado este mediodía en la Oficialía de Partes de la SCJN.
Ahora, la Corte hará un análisis de la petición y en aproximadamente una semana resolverá sobre si da tramite al recurso o lo desecha por improcedente. De aceptarlo, se turnaría a un ministro del máximo tribunal del país para que analice la ley y determine si esta es constitucional o no.
La resolución del ministro será puesta a consideración del pleno de una de las Salas de la Corte quien tomará la determinación final.
Lo que se busca con el recurso que promovieron hoy los diputados del PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, y Encuentro Social, es que la Corte avale la legalidad de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el estado de México, o bien, indique qué artículos deben ser modificados para garantizar el pleno respeto a los derechos humanos.
Juan Zepeda, coordinador de los diputados perredistas en el Congreso local dijo que el recurso no sólo beneficia a quienes aprobaron la ley, sino a quienes tienen cuestionamiento sobre ella, ya que lo que determine la Corte será inapelable y todos se deberán sujetar a su sentencia.
Zepeda reveló que el PRD mandó a elaborar un estudio al área de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde resolvieron que en términos generales, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en la entidad no tiene deficiencias graves. Sólo nos indicaron que habría que ajustar el artículo 25 de la ley, pues consideran que este puede contravenir el 22 Constitucional. Este articulo habla del uso de herramientas como esposas fijas y candados en los cárceles de la entidad, pero la constitución habla que el sistema penitenciario tiene una finalidad de readaptación y reintegración social por lo que no son recomendables estas herramientas”.
El priísta Cruz Juvenal Roa indicó que la Legislatura estará atenta a lo que resuelva la Corte y se atenderá si determina que se tienen que hacer ajustes.
Zepeda insistió en que la Ley no tiene como objetivo criminalizar la protesta social o limitar derechos como la libre manifestación; lo que se quiere con la ley es limitar y regular el uso de la fuerza pública, nada más.
Este recurso no fue apoyado por diputados de Morena, –que rechazaron la aprobación de la ley—dos diputados del PRD, toda la bancada del PAN, de Movimiento Ciudadano y del PT, quienes sí votaron a favor el pasado 17 de marzo.
