Los actos de violencia registrados la semana pasada, que derivó en el multihomicidio de una familia que vivía en la zona centro de la capital mexiquense, ha conmocionado a la comunidad toluqueña, que de forma inédita y pacífica ha salido a las calles para condenar un crimen inusual con consecuencias que merecen a una respuesta inmediata a las autoridades locales.
El multihomicidio en el que 4 personas fueron asesinadas presuntamente por un robo, refleja además, que la sociedad en general transita en estos actos criminales por cierta normalización que resulta inaceptable. Es decir, por muy seguidos que ocurran los actos criminales, la sociedad no puede ni debe ver con naturalidad acciones que ponen en riesgo su integridad y su patrimonio.
Por lo tanto, es indispensable que la sociedad civil asuma un rol mucho más activo para exigir de las autoridades respuestas inmediatas y tangibles, que reviertan la incidencia delictiva de la capital mexiquense.
Las tareas de seguridad pública requieren de una colaboración amplia que involucre a las autoridades locales, tanto estatales como municipales, para replantear un modelo de seguridad pública funcional, porque el mensaje de los últimos años parece indubitable: prevalece una incidencia criminal inaceptable.
El país ha pasado de frases severas como: ¡Ya Basta! ¡Si no pueden renuncien!, que han cimbrado las fibras del sistema político, pero que hasta ahora no se han reflejado en políticas públicas contundentes para dar solución a la severa criminalidad que permanece intacta en sus modos de actuación.
Hoy, la capital mexiquense ha vuelto al espectro informativo de la mano de una imagen lacerante, manchada por la violencia que permea en sus calles, y que a pesar de ser un reclamo constante desde la población, se atiende sobre planteamientos agotados, que ya antes han mostrado su fracaso.
Aun cuando todo el Estado de México requiere de la misma concentración por atender los reclamos sociales, la crisis de inseguridad manifiesta en la capital mexiquense, se vuelve más profunda e hiriente, en tanto que Toluca representa el centro político y económico de la entidad más poblada del país.
Ya en una ocasión, hace casi dos años, una ola criminal forzó al gobernador Eruviel Ávila a remover a tres integrantes de su gabinete vinculados a la prevalencia de la paz social, instruidos desde Los Pinos, para salvar la imagen de la tierra natal del presidente Enrique Peña.
A la distancia, a pesar de los integrantes del gabinete incrustados en el equipo eruvielista, poco se ha avanzado, y hasta ahora no hay certezas de que algo se haya modificado en el plano institucional.
La sociedad civil ha salido a las calles para reclamar mayor seguridad en su entorno y condenar la violencia que ha lastimado a sus familias, pero esta reacción no puede quedar como un mero anecdotario de que el crimen se ha apoderado de Toluca y sus habitantes.
El multihomicidio de la semana pasada debe significar un parteaguas para replantear la seguridad pública en una ciudad que antes fue reconocida como Toluca La Bella, pero que hoy se ha desdibujado a causa de una autoridad que en los hechos se constata omisa, incapaz y sin respuestas.
