Algo muy malo debe estar pasando en el transporte público para que las primeras planas de varios momentos del año se hayan inundado de un servicio ineficiente, negligente, caro e insostenible, ante la permisividad de una autoridad que parece inexistente, que se mantiene en la simulación, incapaz de generar estrategias de mejora, o bien, de ejecutar acciones vinculantes o coercitivas que involucren a los concesionarios.
La semana pasada, concesionarios del transporte público del Valle de Toluca amagaron con realizar un paro parcial, bajo el argumento de realizar un aumento a las tarifas del servicio de pasajeros. Más allá de si es razonable su planteamiento, en función de un incremento en el precio de combustibles o en la operación misma de sus unidades, lo que permanece como una consigna pendiente por años, es que ofrezcan un servicio de calidad que parece improbable de alcanzar para beneficio de los usuarios.
Las autoridades debieron negociar con los concesionarios para evitar un colapso frente a un paro de labores del transporte público, pero con la misma acción, abrieron paso a la negociación de un eventual incremento a la tarifa, que resulta inaceptable ante un servicio que parece operar en la impunidad, un lastre vigente y permanente del régimen político, evidenciado por medio de choferes del transporte público sin castigo, a pesar de su responsabilidad en tráficos accidentes, que han concluido con heridos o muertos.
El transporte público, en tanto que corresponde a una concesión del gobierno a particulares para ofertar un servicio comunitario, debiera vigilar su operación con un transporte de calidad, digno, eficiente, que garantice un servicio que el Estado es incapaz de ofrecer pero que concesiona a empresarios para que lo ejecuten.
En las negociaciones que anteceden, lo que impera es que concesionarios del transporte público se han erigido en un poder fáctico, que bajo la amenaza de suspender su servicio pueden doblegar a la autoridad, para ceder a sus chantajes o componendas, relacionados con prebendas económicas o políticas, y desde el cual afianzan su hegemonía para imponer un poder no formal por encima de las estructuras institucionales.
Hasta ahora, ninguna negociación entre la autoridad y los concesionarios del transporte público ha representado un beneficio tangible para los usuarios, en la medida en que la siempre anhelada mejora al servicio parece inalcanzable. Las autoridades dejan en el discurso un catálogo de buenas intenciones, en donde lo que ha sido irrefrenable ha sido un incremento permanente que en los últimos 15 años representa cerca de un 400 por ciento en las tarifas del servicio para pasajeros.
Hoy los concesionarios han regresado a la carga, para buscar un nuevo incremento que podría entrar en vigor en el primer trimestre del año entrante, como parte de la inflación que se registra en cada inicio de año, y que representaría una lacerante condición económica para los grupos más vulnerables como parte de la “cuesta de Enero”.
Por si fuera poco, las condiciones inconsistentes en que funciona el transporte público en el Valle de Toluca, dificulta en paralelo las posibilidades de movilidad para el resto de la población, incluidos peatones y automovilistas particulares, que padecen un servicio ineficaz, indolente, incapaz e inalterable.
