Redacción
Cuautitlán Izcalli, Edomex, 3 de noviembre del 2015.- La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) descubrió en este municipio mexiquense la operación de un albergue para animales donde presuntamente se registraban el sacrificio masivo de perros y gatos.
Un par de empleados del lugar fueron detenidos y se encuentran sujetos a investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por maltrato animal, recientemente tipificado por la legislatura como delito en el Código Penal del estado.
También se indaga la responsabilidad del dueño o responsable del lugar, un veterinario identificado como José Luis Martínez.
Desde hace algunas semanas, las autoridades mexiquenses recibieron quejas por la operación del Alberto Centro de Adopción y Rescate (Cara) ubicado en este municipio. Este sitio aseguraba contar con instalaciones para albergar a más de 300 animales, pero tras una inspección se logró comprobar que apenas existe espacio e infraestructura optima para unos 30 animales pequeños.
En los días de inspección, un hombre y una mujer a bordo de una camioneta con rótulos de este albergue fue detenida en Cuautitlán Izcalli. En la unidad trasladaban los cuerpos de 14 perros y siete gatos, que pretendían incinerar en el Centro de Control Canino de la localidad.
Los inspectores de la Propaem lograron establecer que los animales que eran trasladados en bolsas, no tenían lesiones graves o signos de haber sido víctima de algún accidente, que obligara a su sacrificio.
Con este indicio, las autoridades enviaron cuatro cuerpos de animales a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizara estudios para determinar las causas de la muerte o constatar si existía algún indicio que indicara que era necesario su sacrificio.
Los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Izcalli y ahí ya han declarado y esperan a que se defina su situación jurídica.
De acuerdo con el Procurador del Medio Ambiente, estos sujetos podrían ser los primeros en ser sometidos a juicio por el delito de maltrato animal, que fue tipificado en agosto por la legislatura del estado dentro del código penal.
Este delito es sancionado con pena privativa de la libertad de seis meses a tres años y con una multa que podría llegar hasta los 200 salarios mínimos
