Redacción
Distrito Federal. 30 de junio de 2015.- Por segundo día consecutivo, organismos internacionales pidieron al gobierno mexicano ampliar las investigaciones del caso Tlatlaya sobre la cadena de mando de las fuerzas militares para castigar a los responsables intelectuales y materiales de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en agravio de presuntos criminales en la comunidad de San Pedro Limón, en el Estado de México.
Este martes, Amnistía Internacional (AI) urgió al gobierno de la República, que encabeza Enrique Peña Nieto, para llevar a juicio a la cadena de mando que estuvo implicado en el multihomicidio de 22 civiles; así como “evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales”.
A través de un comunicado de medios, el representante en México de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz Rendón consideró “fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos”.
En la víspera, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), también urgió al gobierno mexicano extender sus investigaciones a la cadena de mando de las fuerzas involucradas en la matanza de Tlatlaya, como una condición indiscutible para evitar que se puedan repetir escenarios que vulneren los derechos humanos.
Hoy se cumple un año del operativo desplegado por elementos militares en el municipio de Tlatlaya que derivó en el asesinato de 22 presuntos criminales, de los cuales once habría sido un fusilamiento, en lo que en principio se pretendió hacer pasar como un enfrentamiento entre las fuerzas castrenses con el grupo delincuencial.
Quiroz Rendón subrayó que la medida es pertinente toda vez de que de manera institucional la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la responsable de informar que “todas las muertes sucedieron en un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada”, sin embargo, sólo un soldado resultó herido.
Como resultado de investigaciones periodísticas de Associated Press y de la revista Esquire México, así como de conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la Cámara de Diputados, se concluyó que “la mayoría de las personas no murieron durante un enfrentamiento, como lo señaló la Sedena, sino que fueron ejecutadas extrajudicialmente cuando no representaban una amenaza para los efectivos militares”, advirtió en dicho comunicado la oficina de Amnistía Internacional.
En lo que representó una grave violación a los Derechos Humanos, el organismo internacional destacó la recomendación 51/2014, emitida por la CNDH, en la cual se concluyó que tras un enfrentamiento entre militares y presuntos integrantes de la delincuencia organizada en el que habrían muerto siete personas, el resto, entre 12 y 15 fueron ejecutadas por miembros de la Sedena, entre ellas tres menores de edad.
Para Perseo Quiroz la matanza de Tlatlaya es consecuencia de la “fallida estrategia militarizada contra la delincuencia organizada”, ante una situación que el gobierno “recurrentemente ha ignorado” para atender lineamientos internacionales sobre el uso de la fuerza.
“El mantenimiento del orden público no puede ser un pretexto para violar los derechos humanos (…) el uso de la fuerza debe ser limitado a criterios de proporcionalidad, y sólo en casos de absoluta necesidad como señalan las normas internacionales de derechos humanos”, agregó AI en su representación en México.
En el comunicado emitido por AI se consideró “fundamental que las víctimas del caso Tlatlaya y sus familiares, así como la sociedad en su conjunto, conozcan la verdad de los hechos a través de una investigación seria e imparcial, y que se otorgue una reparación integral que incluya medidas concretas para que este tipo de hechos no se repitan”.
El director ejecutivo de AI en México, hozo un llamado para “evitar que las Fuerzas Armadas desempeñen funciones policiales -como detenciones, investigaciones e interrogatorios- debido a que sus miembros carecen de la capacitación adecuada y no rinden cuentas por sus actos”.
Finalmente pidió garantías de que “las Fuerzas Armadas desplegadas actúen bajo el estricto control de las autoridades civiles y que toda alegación de violaciones a los derechos humanos sea investigada de manera efectiva”.
