Esta semana se cumple un año de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos acreditadas a fuerzas militares e integrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a quienes incluso se les ha emitido recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La gravedad de lo ocurrido en la comunidad de San Pedro Limón se concentra en que las autoridades federales y estatales pretendieron hacer pasar como un enfrentamiento, lo que con el tiempo se reveló fueron ejecuciones a 22 personas, y prácticamente un fusilamiento de al menos once presuntos delincuentes, que ya se habían rendido.
La presencia de fuerzas castrenses con funciones de seguridad pública ha sido un fracaso a lo largo del país, en tanto que carecen de los protocolos de actuación para combatir al crimen organizado, y ha representado, al menos en los últimos nueve años, una violación a los derechos humanos.
Para el presidente, Enrique Peña Nieto, la matanza de Tlatlaya representó un primer clivaje para su gobierno, que había encabezado en sus dos primeros años de gestión el impulso de once reformas estructurales. Sin embargo, la actuación extrajudicial de militares en Tlatlaya, y tres meses más tarde, la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, suscitaron un cambio en las prioridades y en la agenda pública del Gobierno de la República.
Mientras que para el gobernador mexiquense, Eruviel Ávila ha significado hasta la fecha, la mayor afrenta de su gobierno en una violación a los derechos humanos, y en el cual estuvieron involucrados funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la entidad, quienes pretendieron encubrir las ejecuciones extrajudiciales, y además, ejercieron tortura sobre algunos de los sobrevivientes para tratar de conservar su verdad histórica.
Lo más grave es que a un año del caso Tlatlaya, que ha implicado pronunciamientos y extrañamientos de la comunidad internacional defensora de los derechos humanos, sigue en la impunidad para los militares, peritos, ministerios pùblicos y agentes ministeriales, que acudieron al sitio de la matanza, seis horas después de los hechos, pues así se los sugirió, la 22 Zona Militar.
A la fecha, hay 8 elementos castrenses juzgados por fuero militar, pero en el Estado de México no se sabe de castigo alguno al personal involucrado, de un total de 24 funcionarios entre agentes y peritos que estaban siendo indagados por las autoridades mexiquenses.
Pendiente se encuentra por conocer si el personal castrense y ministerial hicieron lo correcto, actuaron por motivaciones propias o determinar la cadena de mando que alcanzaría las ejecuciones extrajudiciales de los militares, y el eventual encubrimiento de los agentes de la procuraduría de justicia estatal.
Las omisiones en que ha incurrido el gobierno eruvielista no pueden ser parte de un anecdotario, y a un año de distancia, tampoco han significado un cambio de paradigma para retirar al Ejército de funciones de combate al delito; ni mucho menos condiciones para que las autoridades policíacas estatales asuman por completo las tareas de prevención del delito y combate al crimen organizado, según lo han reconocido las autoridades estatales.
El esquema de seguridad pública de la entidad es un rotundo fracaso, conforme lo demuestran las estadísticas delictivas de los últimos años, y la cruenta violencia que inunda las calles de la geografía estatal.
Es momento que las autoridades mexiquenses atiendan con certeza la recomendación hecha por la CNDH en noviembre pasado, que exige establecer un resarcimiento de daños a los familiares de las víctimas y a las víctimas, pero sobre todo que los abusos o delitos cometidos por servidores pùblicos en el desempeño de sus funciones, por tratar de encubrir la matanza, no queden impunes.
También es la oportunidad para afrontar con seriedad y eficacia el combate a la criminalidad y un irrestricto respeto a los derechos humanos.
