Redacción
Lerma, Edomex. 29 de abril del 2015.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró obras que se realizaban en un predio particular en la comunidad de Santa María Atarasquillo, en la zona boscosa de este municipio, donde se pretendía edificar un conjunto habitacional, tipo campestre, sin tener autorización para ello. Además retiró los permisos que se habían expedido para ese terreno en materia de manejo forestal.
La dependencia federal realizó inspecciones la semana pasada al lugar y ahí constató que existe un daño a una superficie de 2.3 hectáreas de bosque por “la construcción ilegal de 4 terrazas para cabañas, un campo de futbol, un almacén de materiales, una cisterna y una ampliación de camino con cunetas de cemento”.
En la verificación que se hizo se descubrió que también “se hicieron alcantarillas y taludes cubiertos de biomanta de fibra de coco, así como recubrimiento de camino con paneles de polipropileno”, sin el permiso de la autoridad federal ambiental correspondiente.
Aunque el dueño del predio presentó un permiso para el manejo y explotación forestal en esa superficie, los inspectores de la Procuraduría ambiental explicaron que esto no autorizaba a realizar obras como las estaba ejecutando.
“Las edificaciones hechas en el predio reflejan la intención de establecer un desarrollo inmobiliario dentro del bosque, lo que desequilibraría el ecosistema causando fuertes impactos a la filtración y escurrimiento de agua, en una zona considerada como de recarga del vital líquido que abastece al Valle de Toluca y poblados cercanos”, recalcó la dependencia.
La Procuraduría de Protección del Medio Ambiente, indicó que para realizar este tipo de obras, primero, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debió autorizar un cambio de uso de suelo en los terrenos forestales, siempre y cuando se hubiera justificado la modificación con un estudio técnico; además de contar con un dictamen de impacto ambiental.
La sanción administrativa por esta actividad puede alcanzar hasta 20 mil días de salario mínimo vigente equivalente aproximadamente a 1.4 millones de pesos, además de una sanción penal que podría ser de seis meses a nueve años de prisión y una multa equivalente de cien a tres mil días de salario mínimo.
