Redacción
“Mi hija no estaba en la cama”, sentencia Lizette Farah –madre de Paulette-, al rememorar la muerte de la pequeña que conmocionó a México, y cuya resolución fue inverosímil para la opinión pública al concluir que la menor falleció accidentalmente. A dos años del fallecimiento de Paullete Gebara, la madre de la menor, Lizette Farah hace público que desde el pasado mes de septiembre demandó al ex gobernador Enrique Peña Nieto, al ex procurador de justicia Alberto Bazbaz y al actual procurador Alfredo Castillo por daño moral.
En entrevista con la revista electrónica Reporte Índigo, Lizette Farah aseguró que el pasado 7 de septiembre de 2011, a escasos días de concluir el mandato de Enrique Peña Nieto, demandó al actual candidato presidencial del PRI “en lo personal y como gobernador del Estado de México” por daño moral contra ella y su hija mayor Lizette.
De acuerdo a la demandante, durante las pesquisas por la desaparición y muerte de Paulette Gebara, las declaraciones hechas por el entonces procurador Alberto Bazbaz “indujo a la opinión pública a crear un sentimiento de odio, de repudio, de animadversión hacia mi persona, al habérseme apuntado como sospechosa del homicidio de mi hija, ante lo cual amplios sectores de la sociedad se manifestaron en mi contra, e incluso esto provocó que la crítica colectiva me juzgara injustamente”, detalla Lizette.
En la demanda se exige que se limpie públicamente su nombre, que se le pague una indemnización por daños y perjuicios, así como una indemnización por daño moral.
Los abogados de Lizette Farah aportan en su querella cientos de fojas, donde se presentan pruebas de cómo la opinión expresada por el procurador Alberto Bazbaz “provocaron el desprecio público contra Lizette Farah, y cómo esto repercutió en su hija”. La defensa jurídica de Farah argumenta que a partir de la muerte de la menor, su hermana Lizette Gebara, no sólo perdió a su familia, sino que tuvo que dejar su escuela porque sus compañeros la molestaban diciéndole que su madre era la culpable de la muerte de su Paulette.
En la recapitulación hecha por Reporte Índigo se advierte que el 7 de septiembre de 2011, se presentó la demanda por daño moral ante el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, bajo el registro con el número de expediente 565/2012. Dos días más tarde, el juez Ramón Lugo Becerril admitió la demanda contra todas las personas e instituciones señaladas, excepto contra Enrique Peña Nieto.
El juez detalló que Enrique Peña Nieto no había estado involucrado en la investigación, sólo los funcionarios que estaban bajo sus órdenes.
El 23 de septiembre de 2011, la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México confirmó en la resolución 648/2011 lo dictado por la primera sala. Se podía admitir la demanda contra todos, excepto contra el ex gobernador de la entidad Enrique Peña Nieto.
No obstante, el pasado 7 de febrero, el juez tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles Federales en el Estado de México, Mario Oscar Lugo Ramírez, concedió un amparo a Lizette Farah y ordenó que el Sexto Juzgado admitiera la demanda por daño moral contra todos los codemandados, incluyendo a Enrique Peña Nieto.
En la nueva resolución, se determinó que ni el juez sexto ni el de la Primera Sala podían exonerar al ex gobernador mexiquense antes de iniciar el juicio de daño moral, sino, en todo caso, en la sentencia de dicho juicio. Tanto la Procuraduría de Justicia del Estado –que aún conduce Alfredo Castillo-, como el Gobierno del Estado de México –que encabeza Eruviel Ávila- presentaron el 20 de febrero pasado un recurso contra el amparo concedido a Lizette Farah en defensa del candidato presidencial del PRI.
Para la defensa jurídica de Lizette Farah, las instancias mexiquenses “no tienen ya ninguna personalidad jurídica para salir en defensa de Peña Nieto, quien ya no es funcionario público del Estado de México. Hasta ahora no se ha presentado un defensor personal de Peña Nieto. El Gobierno del Estado de México y el procurador Alfredo Castillo han asumido su defensa como abogados particulares, tal vez Castillo lo hace porque fue nombrado por él, pero jurídicamente no es posible.”
Lizette Farah insiste en tener acceso al expediente de la investigación y conocer la verdad histórica sobre la muerte de su hija Paulette, situación de que de forma recurrente también le han negado las autoridades ministeriales del Estado de México.
