Redacción
Distrito Federal. 18 de febrero de 2015.- A pesar de las indagatorias emprendidas por la Cámara de Diputados Federal para esclarecer las ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos del Ejército Mexicano en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, la Procuraduría General de la República negó información relacionada con dicha carpeta de investigación a la comisión especial tras argumentar que las averiguaciones “son de carácter no sólo confidencial sino reservado”.
Ante la serie de inconsistencias en la participación de militares que derivó en la ejecución de 22 presuntos criminales, la Legislatura Federal determinó instalar una comisión especial que permitiera establecer posibles responsabilidades, pues hasta el momento existen indicios de que mandos militares y personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, habrían participado ya sea en la alteración de la escena del crimen, o bien en el encubrimiento de presuntos responsables de los homicidios.
De acuerdo a la información recibida por la comisión legislativa, Jorge Nader, director de vinculación y coordinación interinstitucional de la PGR, envió una respuesta a la comisión legislativa que solicitó información adicional que refuerce el deslinde de las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, en la correspondencia emitida por la autoridad ministerial federal se establece la confidencialidad de las investigaciones.
Cabe recordar que en noviembre pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación que involucra al Ejército Mexicano y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, por su participación u omisión en los actos que cobraron la vida de 22 personas, quienes ya se habían rendido y aún así fueron ejecutados por las fuerzas castrenses asentadas en Tlatlaya, Estado de México.
En su momento, las autoridades federales y estatales aseguraron que las muertes del presunto grupo criminal habían resultado de un enfrentamiento entre la banda delictiva y las fuerzas militares, lo cual fue desmentido con versiones de testigos que sobrevivieron al operativo perpetrado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ayer la Procuraduría General de la República negó proporcionar mayor información a la comisión legislativa, bajo el sustento de que debe mantener en confidencialidad los nombres de los militares, presumiblemente responsables, de haber cometido violaciones a las garantías individuales de las 22 víctimas.
