Toluca, Edomex. 16 de febrero de 2015.- Los comicios intermedios de junio próximo son en esencia, y en su conjunto, el primer gran desafío político, electoral y social para el grupo en el poder, incluidos el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Eruviel Ávila, donde se juega en gran medida la gobernabilidad, legitimidad y confianza de quienes hoy gobiernan el país y la entidad.
Los niveles de aprobación del gobierno de Peña Nieto han caído drásticamente, pues sólo un 41 por ciento de la población aprueba su gestión a dos años de iniciado su mandato, según la encuesta más reciente de Buendía & Laredo publicada en diciembre pasado. Las elecciones intermedias siempre se han convertido en un plebiscito del gobierno en turno, y en esta ocasión parece no ser la excepción, y es ahí donde se concentra el reto por atender y por superar.
El PRI saldrá en busca del voto con un profundo desgaste de gobierno a través de tres temas que inundarán los temas de campaña: una lacerante violencia que parece no tener freno, una apremiante y aciaga condición económica que padece un estancamiento insufrible, y como mayor afrenta, la sensación de una corrupción rampante, concentrada en la exhibición y publicidad de una abundancia patrimonial entre los miembros del gobierno, sin distingo partidista, que representa el mayor agravio para la mayoría del electorado.
El reto del gobierno peñista, y en consecuencia del eruvielato, no debe ser la conservación del poder, ni tampoco apostarle a mantener el “carro completo” en los resultados de la elección, como condición para presumir su éxito. Lo que debe privilegiar el grupo en el poder se apuntaría a otorgar garantías de equidad, el respeto a la legalidad y hacer de la democracia una efectiva participación de la ciudadanía en la definición sobre la ruta de su gobierno y la toma de decisiones.
La gobernabilidad no puede ser entendida como generar condiciones para instaurar una hegemonía partidista y conllevar a la reivindicación del poder presidencial que se ha pretendido constituir en torno a la figura de Peña Nieto. La gobernabilidad debe apostar por conformar consensos, aceptar las diferencias y contender electoralmente con amplia tolerancia, donde se evite en todo momento la injerencia política de los gobiernos en los comicios por delante.
En lo electoral, sin duda, el partido en el gobierno buscará ganarlo todo. Pero en el ánimo de transformación que discursivamente se pregona, tanto Peña Nieto como Eruviel Ávila están obligados a mantenerse al margen de la competencia, respetar los resultados y fortalecer la autonomía de los órganos electorales y jurisdiccionales.
En las elecciones intermedias de 2003, Vicente Fox posibilitó ampliar el control del panismo desde su muy debilitada presidencia, lo que generó condiciones para refrendar el triunfo electoral a favor de Felipe Calderón tres años más tarde; mientras que desde 2009, el éxito electoral del peñismo en el Estado de México, impuso condiciones para que el mexiquense fuera un factor de decisión en el poder legislativo federal y al menos seis estados. Ahí Calderón entregó el poder y Peña Nieto se puso adelante en la carrera presidencial de 2012. De ese tamaño es la importancia de la elección de 2015.
También en 2003, Enrique Peña se convirtió en diputado local para dos años más tarde ganar la gubernatura mexiquense como sucesor de Arturo Montiel. En 2009, Eruviel Ávila ganó por segunda ocasión la alcaldía de Ecatepec, para catapultar su trayectoria personal y robustecer su posición política, que le permitió 24 meses después ser electo gobernador del Estado de México. Así pues, la elección de este año constituye además el arranque sucesorio para 2017 en la entidad.
La legitimidad del peñismo y el eruvielato está en juego. Las elecciones en curso pueden regresarle la gobernabilidad al poder presidencial, y particularmente al Estado de México, pero ganar en lo electoral y recuperar la legitimidad no necesariamente debe ser traducido como triunfar en todo. A veces cediendo y perdiendo se puede ganar más. Peña y Eruviel deben entenderlo.
