La desbandada
Francisco Ledesma
Un total de 15 alcaldes –de extracción priísta- han abandonado su cargo de 2009 a la fecha, en busca de un nuevo cargo de elección popular, incluido el gobernador Eruviel Ávila –ex acalde de Ecatepec-, en un legítimo derecho electoral, pero que sin duda pone en una gran disyuntiva a los ayuntamientos electos para un periodo de 3 años 4 meses, y que por razones de aspiración política quedaron en el limbo por un periodo promedio de un año.
Sin distingo de partidos políticos, en fecha próxima, la legislatura local quedará en manos absolutas de “suplentes”, frente a las licencias que pondrán sobre la mesa diputados de todos los partidos políticos, que buscarán una candidatura para San Lázaro, o bien, para alguna de las 125 alcaldías de la entidad. En fecha reciente, once legisladores del PRI ya hicieron el procedimiento necesario. La andanada vendrá desde otros frentes en las semanas por venir.
El rechazo permanente a la relección de alcaldes y diputados, parece un contrasentido, cuando lo que realmente sucede con muchas candidaturas de quienes hoy son alcaldes y mañana buscan ser diputados o viceversa, se da en función de una ambición personalísima, y resulta impensable que no influya en la contienda electoral de cada municipio o distrito, los privilegios que les otorga el cargo público que desempeñaron en la víspera, con todo y que soliciten licencia con meses de antelación al día de la jornada electoral.
También como lo argumentan algunos partidos políticos en la tribuna legislativa, la relección promovería una especie de plebiscito, circunstancia semejante para quienes en los hechos, buscan el aval del electorado a través de una nueva elección, para asumir un nuevo cargo público, trayendo a cuestas el abandono de las funciones para las cuales resultaron elegidos hace casi tres años. Relectos o no, el electorado da su veredicto en las urnas.
La suspicacia mexicana, sin embargo, podría suponer que un alcalde que mañana busca ser diputado, tiene consigo una estructura administrativa que le respalda –la de su ayuntamiento- y que se vuelve en un factor clientelar para sus aspiraciones políticas. La coacción del voto y la cooptación de intereses parecen relativamente normales a pesar de su ilegalidad, y de la perversión que eso supone, por sacar ventaja política de un cargo al que ya se renunció.
Lo anterior, pone frente a sí, a los opositores –sea del partido que sea- ante una elección de Estado. Los aparatos de gobierno –federal, estatal o municipal- hacen uso de los padrones de beneficiarios de programas sociales, y entretejen en especie de telaraña, una red electoral inconmensurable, y prácticamente invencible para operar a favor del ex alcalde que sueña mañana con legislar. Y tan pronto instalado en su curul, empezará a construir una nueva candidatura, como muestra fiel de su naturaleza política.
La solución pues, no es la oposición tajante a la relección legislativa o de presidentes municipales. Tampoco resulta una panacea la ampliación de periodos legislativos o de ayuntamientos, para dar mayor continuidad a los programas y acciones de gobierno, pues la práctica evidencia que alcaldes y diputados sobrepondrán el interés legítimo de ir por un nuevo cargo público, que por ocuparse de concluir sus gestiones, con todo y ampliación de gobierno.
Y pese a la evidencia, que supone la inequidad en contiendas electorales, las autoridades que arbitran la competencia permanecen omisas. Quienes hacen uso de los aparatos de gobierno, para tener desde esa circunstancia una situación ventajosa en el terreno electoral, simplemente lo ven como una condición natural del sistema de partidos en México, tan vulnerado y cuestionado en las últimas décadas.
El asunto de fondo, parece quedar en buenas intenciones. Por más reformas electorales posibles, la clase política siempre encuentra los mecanismos insoslayables de sus tropelías, bajo la máxima consigna de lo que no está prohibido está permitido. Los partidos políticos diseñan con sus diputados, los candados de blindaje para contar con elecciones equitativas, pero desde una doble moral, los mismos partidos interpretan la ley para sacar ventaja de una contienda y ganar en las urnas “haiga sido como haiga sido”. La ley se vuelve insuficiente, frente a la trampa, el engaño y el chanchullo.
Los políticos chapulín son legales, porque simplemente una ley como la aprobada hace algunos en años en Baja California, que evitaba renunciar de un cargo público para busca otro nuevo, resultó violatoria de los derechos humanos, ya que conculcaba el derecho a ser votado. La solución tampoco está en esa brecha, pero es cierto que hoy los ayuntamientos en el Estado de México adolecen de una parálisis administrativa preocupante.
La carencia de legitimidad de los alcaldes sustitutos supone un problema grave de autoridad. La continuidad en la ejecución de programas de gobierno se pone en vilo. La oposición, desde sus regidurías, tiene frente a sí una lucha favorable por la rebatinga del poder. Mientras que los alcaldes electos –ahora con licencia- ya andan en campaña, metidos en el mitin, el acarreo, la pinta de bardas, y el pase de charola de aquellos empresarios que resultaron beneficiados durante su gestión. La inequidad que se vuelve evidente, es parte de ese resquemor electoral existente.
Y frente a la inequidad derivan la falta de certeza, la ilegalidad, la ilegitimidad, y un menú desfavorable para la elección que ya toca a la puerta.
La tenebra
Las intercampañas obligan al silencio, y las encuestas comenzarán a hablar por sí solas. El cierre de la contienda parece cada vez más cercano por un asunto esencial, generar la opinión pública que los comicios es asunto de dos.
