Toluca, Edomex. 16 de abril de 2014.- Cuando Alfredo Castillo llegó a Michoacán como comisionado de seguridad, lo primero que ejecutó fue la destitución del secretario de seguridad y el procurador de justicia estatal. Las dimisiones de ambos funcionarios, le ha permitido proceder hasta el fondo de la infiltración criminal. Primero cayó el ex gobernador interino Jesús Reyna, por sus presuntos vínculos con los Caballeros Templarios, situación que hubiera sido impensable teniendo a sus incondicionales en áreas estratégicas de seguridad.
Ayer, fueron detenidos los presidentes municipales de Tacámbaro Noé Octavio Aburto Inclán, y Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, acusados de delitos que van desde el secuestro, homicidio, extorsión, hasta peculado. Las acciones han sido emprendidas en la medida que Castillo está convertido en un gobernador de facto, por encima de Fausto Vallejo, que ve el resquebrajamiento de la clase política que le rodeaba. Las cosas parecen cada vez más complicadas para el priísmo michoacano, de cara a los comicios del año entrante.
En el Estado de México, guardadas las proporciones, debe considerarse que la primera acción fue que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio mandó a un emisario personal como secretario de seguridad ciudadana: Damián Canales, para quitarle el control a las autoridades locales. El paso que sigue es la dimisión de Contreras Nieto como procurador de justicia de la entidad, y entonces estarían dadas las condiciones para proceder sin recato en contra de aquellas autoridades –incluidos alcaldes- que eventualmente tengan relación con el crimen organizado.
Lo que pasa en Michoacán, no es un caso aislado ni atípico, es una circunstancia que se repite en muchas latitudes del país, y es lo que ha generado el clima de violencia en zonas donde el narco lo ha contaminado todo. Por lo tanto, muchos mandos policíacos en el Estado de México –hasta el momento van cuatro detenidos- también advierten el riesgo de ser descubiertos en sus maniobras vinculadas con la delincuencia. El asunto que está por destaparse podría salpicar a los más altos niveles del poder político en la entidad mexiquense.
La revelación hecha ayer por el periodista Raymundo Riva Palacio resulta muy perniciosa para Damián Canales, a quien señala como incapaz de haber evitado el linchamiento de dos policías federales en Tláhuac hace algunos años en el Distrito Federal, y de ser acusado por testigos protegidos como protector del grupo criminal de los Zetas, en su paso como secretario de Seguridad en Hidalgo. La legitimidad que había ganado Canales desde Bucareli, la puede perder a partir de la sospecha que ensombrece su ejercicio público.
Esta columna tomará algunos días de asueto, para estar de vuelta el próximo lunes 21 de abril. Hasta entonces.
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