Redacción
Toluca, Edomex; 21 de noviembre de 2026.- La diputada del PAN, Rocío Alexia Dávila Sánchez, propuso endurecer las penas contra madres, padres, tutores y otras personas responsables del cuidado de menores de edad que los obliguen o induzcan a incorporarse a asociaciones delictuosas o pandillas.
La iniciativa, suscrita también por Pablo Fernández de Cevallos González, coordinador de la bancada panista, plantea incrementar hasta en dos terceras partes las sanciones previstas en el Código Penal del Estado de México cuando el reclutamiento sea cometido por alguien que ejerza la patria potestad, tutela, guarda, custodia, educación o alguna función de cuidado o autoridad sobre la víctima.
Actualmente, la legislación mexiquense establece penas de cinco a 10 años de prisión y de 500 a 2 mil días multa para quien obligue, por cualquier medio, a una persona menor de edad a formar parte de una asociación delictuosa o pandilla.
Con la modificación propuesta, la sanción máxima podría alcanzar 16 años y ocho meses de prisión. Sin embargo, si también se actualiza la agravante vigente para los casos en que estos grupos tengan como finalidad cometer delitos graves, la pena podría elevarse hasta 20 años.
Al presentar la propuesta ante el Pleno de la Legislatura mexiquense, Alexia Dávila sostuvo que aprovechar una relación de autoridad, confianza o responsabilidad para involucrar a niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas representa una violación a los deberes de protección y formación que corresponden a quienes están a su cuidado.
La iniciativa busca sancionar no solamente a quienes obliguen a los menores a incorporarse a estos grupos, sino también a quienes procuren, induzcan o coaccionen su participación, así como a quienes soliciten, gestionen u oferten su incorporación.
La legisladora panista consideró inaceptable que madres, padres, abuelos, tíos o cualquier persona encargada de proteger a niñas, niños y adolescentes participe en su reclutamiento para actividades criminales.
Argumentó que el entorno familiar debe ser el primer espacio de formación y protección, por lo que planteó establecer una sanción mayor cuando quienes tienen la responsabilidad de garantizar el desarrollo integral de los menores sean quienes los introduzcan en estructuras delictivas.
