Redacción
Ciudad de México, 6 de noviembre de 2026.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum mencionara su nombre durante la conferencia mañanera del jueves, Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario del gobierno del Estado de México y actual integrante de Somos, rechazó tener vínculos con las actividades empresariales de Alfredo Hernández Casillas, señalado en el caso de las contrataciones de materiales electorales.
A través de un posicionamiento dirigido a la opinión pública, Padilla Aguilar admitió que conoció a Hernández Casillas cuando se desempeñaba como director general del Registro Nacional de Población, cargo para el que fue nombrado en agosto de 1980.
Explicó que, al integrar su equipo de trabajo, buscó incorporar a jóvenes profesionistas interesados en participar en el servicio público y que, por recomendación de un amigo, entonces profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, integró a Hernández Casillas.
El exfuncionario afirmó que trabajó con él durante poco más de 10 años y que cumplió satisfactoriamente con sus responsabilidades. Sin embargo, aseguró que la relación laboral terminó al concluir el gobierno estatal -correspondiente al sexenio del exgobernador Ignacio Pichardo-, en septiembre de 1993.
“Desde hace más de 30 años, no volví a tener ningún tipo de contacto con esa persona”, sostuvo.
Padilla Aguilar también manifestó desconocer cuándo, cómo y con quién Hernández Casillas organizó posteriormente sus empresas, por lo que rechazó cualquier vinculación con las actividades que actualmente son objeto de señalamientos.
En su pronunciamiento, consideró que mencionar su trayectoria para relacionarlo con el empresario constituye un intento de desviar la atención y afectar políticamente a Somos, organización en la que actualmente milita.
“Es un despropósito de querer desviar la atención y golpear a SOMOS”, expresó.
La aclaración ocurre después de que Sheinbaum y la secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, expusieran antecedentes de relaciones profesionales y contrataciones vinculadas con empresas proveedoras de materiales electorales, cuyos contratos son objeto de revisión por presuntas irregularidades.
