Redacción
Ciudad de México; 5 de noviembre de 2026.- Una investigación del gobierno federal sobre la red de empresas proveedoras de materiales y documentación electoral puso en el centro de sus antecedentes a Juan Carlos Padilla Aguilar, exfuncionario de la administración pública federal y del Estado de México, y actualmente militante del partido Somos, donde coincide con antiguos integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una reconstrucción de 27 años sobre el origen de las empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes habrían obtenido contratos electorales por más de 2 mil 700 millones de pesos entre 2014 y 2025.
De acuerdo con la exposición, Padilla Aguilar fue una figura clave en los primeros años de la trayectoria profesional de ambos empresarios, pues trabajaron bajo su conducción en dependencias de la Secretaría de Gobernación, primero en el Registro Nacional de Población (Renapo) y posteriormente en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
En 1983, José Alfredo Hernández Casillas y Raymundo Hernández Casillas ingresaron a la administración pública federal. El primero se desempeñó como secretario particular de Padilla Aguilar, entonces director general del Renapo, mientras que su hermano también inició actividades en esa dependencia.
En 1989, el grupo se trasladó al Cisen. Padilla Aguilar asumió la Secretaría General de ese organismo, considerada el segundo nivel de mando, y José Alfredo Hernández Casillas continuó como su secretario particular. Raymundo se incorporó al área de investigaciones.
Tras su paso por el Cisen, Juan Carlos Padilla Aguilar se incorporó al gobierno del Estado de México. Entre 1989 y 1993 se desempeñó como secretario de Obras durante la administración de Ignacio Pichardo Pagaza y posteriormente ocupó otros cargos en la estructura gubernamental mexiquense.
En esa etapa, los hermanos Hernández Casillas dejaron el servicio público y comenzaron a desarrollar actividades empresariales. Uno de sus primeros antecedentes en la proveeduría electoral se ubica en 1999, cuando, mediante la empresa Cartonera Plástica, comenzaron a participar en contrataciones del Instituto Electoral del Estado de México.
La relación empresarial tuvo un antecedente polémico en 2005, cuando se registró un escándalo por contrataciones de materiales electorales en la entidad mexiquense, que derivó en la renuncia de siete consejeros electorales.
La trayectoria de Padilla Aguilar también tuvo un nuevo capítulo en la administración federal. En 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y con Miguel Ángel Osorio Chong al frente de Gobernación, fue nombrado delegado regional para Aguascalientes, Colima, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Zacatecas.
En 2022, encabezó en el Estado de México el Frente Cívico Nacional, organización en la que participaron Guadalupe Acosta Naranjo y Emilio Álvarez Icaza.
Actualmente, Padilla Aguilar forma parte de Somos, partido en el que también participan antiguos integrantes de las autoridades electorales. Entre ellos están Marco Antonio Baños, representante suplente de esa fuerza política ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, titular del Centro de Formación y Profesionalización Política, y Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.
De acuerdo a la Presidencia de México, esta coincidencia política de Padilla Aguilar con estos exfuncionarios electorales fue uno de los elementos que Buenrostro destacó al reconstruir los antecedentes de los hermanos Hernández Casillas y sus relaciones en el ámbito público.
La investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción también documentó la expansión de las empresas de los hermanos Hernández Casillas, quienes entre 2012 y 2013 diversificaron sus operaciones mediante la constitución de nuevas razones sociales.
A partir de la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió la facultad de designar a los consejeros de los 32 organismos electorales locales, las compañías comenzaron a ampliar su presencia en las contrataciones de distintas entidades.
Entre 2014 y 2023, empresas relacionadas con los hermanos obtuvieron contratos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), por más de 2 mil millones de pesos. Para 2024 y 2025, mantuvieron operaciones con 15 organismos electorales estatales, mediante adjudicaciones por otros 646 millones de pesos.
Entre las compañías señaladas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Formas Finas Fernando Fernández, Seriplast, Comercializadora JVLY y Corporativo Zeg.
Buenrostro explicó que el mecanismo de operación consistía en simular competencia entre distintas empresas durante los procedimientos de contratación, aunque al final los beneficiarios de las adjudicaciones eran los hermanos Hernández Casillas.
La revisión de la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, identificó presuntas empresas fachada, compañías sin personal ni capacidad técnica y domicilios y teléfonos compartidos.
También se detectaron movimientos financieros mediante los cuales los recursos obtenidos de contratos públicos eran dispersados hacia otras empresas y personas físicas, algunas de ellas de 18 y hasta 96 años, que podrían haber sido utilizadas como prestanombres o víctimas de robo de identidad.
La secretaria señaló que estos movimientos presentan patrones relacionados con operaciones de lavado de dinero y facturación de operaciones simuladas.
La presidenta Claudia Sheinbaum también intervino para cuestionar la narrativa que atribuyó el origen de las presuntas irregularidades exclusivamente a Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, bajo el argumento de su supuesta cercanía con Morena.
La mandataria recordó que Taddei fue designada como presidenta del organismo electoral de Sonora en 2014 por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Lorenzo Córdova. Posteriormente, llegó a la presidencia nacional del instituto mediante un proceso de insaculación, luego de que los partidos políticos no alcanzaron un acuerdo por mayoría calificada.
Sheinbaum sostuvo que la reconstrucción de los antecedentes obliga a revisar los nombramientos y las relaciones políticas que se establecieron desde la reforma electoral de 2014, cuando el Consejo General del INE asumió la designación de los consejeros de los organismos locales.
