Redacción
Toluca, Edomex, 3 de noviembre de 2026.– El Poder Judicial del Estado de México ajustó su estructura administrativa para asumir las funciones de autoridad garante en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, atribuciones que quedaron a cargo de su Contraloría Interna.
A través del acuerdo APOAJ/70/2026, publicado este martes en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el Pleno del Órgano de Administración Judicial reformó su Reglamento Interior para incorporar las nuevas facultades de la Contraloría Interna y establecer las áreas responsables de ejercerlas.
Entre las atribuciones conferidas destaca la resolución de recursos de revisión que interpongan los particulares contra las respuestas a solicitudes de información del Poder Judicial, así como la imposición de medidas de apremio y sanciones por incumplimiento de las disposiciones en la materia.
La Contraloría también tendrá facultades para vigilar y verificar las obligaciones de transparencia que publique el Poder Judicial, resolver denuncias ciudadanas por incumplimiento de estas disposiciones y conocer los recursos de revisión relacionados con la protección de datos personales.
En materia de protección de datos personales, podrá vigilar el cumplimiento de las obligaciones legales, evaluar el desempeño institucional, promover la capacitación, emitir recomendaciones no vinculantes sobre evaluaciones de impacto y solicitar la colaboración de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno cuando lo considere necesario.
El acuerdo contempla, además, la creación de la Dirección de Garantía de Transparencia y Protección de Datos Personales, que funcionará como área administrativa auxiliar de la Contraloría Interna para atender las nuevas responsabilidades.
La adecuación deriva de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica y de los cambios legislativos que extinguieron al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), cuyas funciones fueron redistribuidas entre distintas autoridades garantes.
En el ámbito estatal, la nueva legislación en materia de transparencia y protección de datos personales, publicada el 1 de octubre de 2026, estableció que los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, debían adecuar su normativa interna en un plazo máximo de 30 días naturales.
